La compañía CK Hutchison y su subsidiaria Panama Ports Company están evaluando acciones legales, tanto a nivel nacional como internacional, tras la intervención del gobierno panameño en los puertos de Balboa y Cristóbal. Este movimiento ha sido calificado por la empresa como confiscatorio y no consensuado. En un comunicado, la firma de Hong Kong exigió al Estado panameño que asuma responsabilidad por los daños ocasionados por la revocación de la concesión y el traspaso del control de los puertos.

CK Hutchison ha calificado de 'ilegal' el proceso mediante el cual las autoridades panameñas tomaron el control de estos puertos estratégicos. Esta decisión se produjo tras una sentencia de la Corte Suprema de Panamá que suspendió la concesión previamente otorgada. La empresa ha señalado que el gobierno no llevó a cabo ninguna consulta ni coordinación con Panama Ports Company, lo que pone en riesgo la seguridad operativa y la protección de los trabajadores en las terminales afectadas.

Después de revocar la concesión, el gobierno panameño, bajo la dirección de José Raúl Mulino y a través de la Autoridad Marítima, asumió el control de los puertos y adjudicó temporalmente los derechos de gestión a empresas europeas, como APM Terminals y TIL Panamá, por un período de 18 meses. CK Hutchison subrayó que esta reestructuración se realizó sin la participación de los concesionarios previos. Además, desde Hong Kong, el secretario de Comercio y Desarrollo Económico manifestó su rechazo a la medida, reiterando la necesidad de un trato justo para las empresas de la región.