El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha dado luz verde al "Plan Escudo Fronterizo", una iniciativa cuyo objetivo principal es fortalecer la seguridad en la frontera con Perú mediante la edificación de un muro y otras barreras físicas. Este proyecto, que busca detener la migración irregular y combatir el crimen organizado, ha suscitado un amplio debate en ambos países, centrándose en aspectos como el costo, los plazos de ejecución y su impacto en la región.
Las autoridades chilenas han indicado que el financiamiento inicial será cubierto por fondos estatales, administrados por el Ejército y el Ministerio de Obras Públicas. Aunque aún no se han proporcionado detalles sobre el presupuesto total y la extensión del muro, la construcción ya ha comenzado en el hito once, ubicado cerca de la línea de la Concordia, donde se ha desplegado maquinaria pesada y efectivos militares para dar inicio a las obras.
El gobierno chileno ha aclarado que, por el momento, la obra se llevará a cabo con recursos internos, sin la participación de empresas privadas ni licitaciones. La ejecución y coordinación están bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y del Ejército. Este proyecto, que incluye zanjas de tres metros de profundidad y muros de hasta cinco metros en las zonas más críticas, es parte de una estrategia de seguridad más amplia. Kast ha enfatizado que la construcción del muro es una respuesta a la creciente llegada de migrantes, en su mayoría de Venezuela, y a la criminalidad asociada a este fenómeno, con una intervención planeada a lo largo de hasta 500 kilómetros de frontera en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.



