El secretario de Política Económica, José Luis Daza, ha abordado la compleja realidad del superávit fiscal argentino, destacando que la dificultad para reducir el índice de riesgo país está intrínsecamente ligada a la historia de incumplimientos que ha caracterizado a la deuda pública en el país. A pesar de que el país se encuentra en una etapa que podría estar cerca de registrar el nivel de riesgo país más bajo en varios años, el indicador se sitúa actualmente en 528 puntos básicos, una cifra que contrasta con los 342 puntos que se alcanzaron durante la presidencia de Mauricio Macri en marzo de 2016. Este contexto invita a reflexionar sobre si el superávit fiscal logrado es realmente sostenible a largo plazo.

Daza enfatiza que, si bien el historial de incumplimientos juega un papel fundamental en la perspectiva de los inversores, la sostenibilidad económica del país es igualmente crucial. Aspectos como la estabilidad del tipo de cambio y la capacidad de mantener el superávit fiscal a mediano y largo plazo son factores que los inversores analizan detenidamente. La situación actual del resultado fiscal no ha logrado convencer al mercado de que este equilibrio es viable, ya que el índice de riesgo país no ha logrado descender a niveles que se consideran seguros, como los 300 puntos básicos.

Conscientes de esta realidad, el gobierno ha buscado apoyo de organismos internacionales para mejorar el acceso a financiamiento bajo condiciones más favorables, con el objetivo de mitigar el sobrecosto que implica el alto riesgo país. Esta estrategia no sólo se centra en el histórico de default o en el denominado riesgo político, sino que también refleja la necesidad de una gestión económica que no se limite a culpar a administraciones anteriores. Macri, a pesar de iniciar su mandato con menos legisladores y enfrentando una fuerte oposición, logró en su momento reducir el riesgo país por debajo de los 400 puntos básicos, lo cual plantea preguntas sobre la efectividad de las actuales políticas.

El escenario político actual también genera inquietudes en cuanto a la sostenibilidad del superávit fiscal. Durante la campaña electoral, Javier Milei, actual presidente, propuso que el ajuste recaería sobre lo que él denomina la “casta”, creando expectativas de mejoras inmediatas en los ingresos del sector privado. Sin embargo, esta promesa choca con la realidad de que gran parte de la reducción del gasto público se basa en la licuación de salarios de empleados públicos y jubilaciones, lo que podría poner en riesgo la estabilidad económica a largo plazo.

Además, es importante tener en cuenta que los intereses de las Letras del Tesoro Capitalizables (Lecap) no se reflejan en los resultados fiscales actuales, pero implican déficits futuros que podrían complicar aún más la situación. Este tipo de estrategias contables plantea dudas sobre la verdadera salud fiscal del país y su capacidad de mantener un superávit que no se base en prácticas que podrían resultar insostenibles a largo plazo.

Un aspecto relevante que se debe considerar es el diferimiento de pagos, que ha sido un factor clave en la aparición del superávit fiscal. La pregunta que surge es cuán sostenible es esta metodología para mostrar un equilibrio en las cuentas públicas. Según datos recientes, la deuda flotante se prevé que alcance los 2.100 millones de dólares en 2024, 2.500 millones en 2025, y 3.300 millones en el primer trimestre de 2026, lo que genera un panorama preocupante para las finanzas del país.