La Fiscalía Federal de San Juan ha solicitado una condena de 12 años de prisión para el abogado Gustavo Antonio de la Fuente, acusado de explotar sexualmente a 37 mujeres. Este pedido se da en el contexto de un juicio que ya lleva casi cuatro años de investigaciones, donde se ha expuesto una red de explotación sexual que operaba en la región. Junto a De la Fuente, también se solicitó la misma pena para su cómplice colombiano, John Sebastián Quevedo Medina, quien habría jugado un rol crucial en la operación delictiva.
Las acusaciones giran en torno a la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad, a quienes se les obligaba a producir y comercializar contenido audiovisual de carácter sexual a través de estudios webcam en San Juan. Según los fiscales, los hechos delictivos se desarrollaron entre marzo de 2022 y el 3 de julio de 2024, y las víctimas eran sometidas a un sistema que las despojaba de su autonomía, convirtiéndolas en meros objetos de lucro. La auxiliar fiscal, Virginia Rodríguez, enfatizó en su alegato cómo los imputados se aprovecharon de la precariedad económica de las mujeres para obtener ganancias desmedidas.
Durante la presentación de la causa, se hizo hincapié en el uso de dispositivos sexuales interactivos controlados a distancia, lo que añade una capa de explotación adicional a la ya grave situación de las víctimas. Las mujeres eran atraídas a través de falsas propuestas laborales que prometían ingresos significativos en dólares o euros, sin embargo, la realidad era muy distinta, ya que las ganancias que realmente recibían eran considerablemente menores. Este tipo de engaño es una táctica común en redes de trata de personas, que se aprovechan de la desesperación y vulnerabilidad de sus víctimas.
Las víctimas eran alojadas en un inmueble donde se realizaban las entrevistas y capacitaciones necesarias para su incorporación a las plataformas de webcam. Este proceso se caracterizaba por la creación de una “identidad digital” para cada mujer, quienes estaban sometidas a una rutina de trabajo que podía extenderse hasta siete horas diarias, seis días a la semana. Esta estructura operativa no solo refleja un sistema de explotación sino también un patrón que se asemeja a otros casos de trata de personas registrados en grandes ciudades como Buenos Aires y Rosario.
La Fiscalía argumentó que Gustavo Antonio de la Fuente actuaba como el principal cabecilla de esta organización, supervisando los pagos y contratos con las víctimas. Esta figura de liderazgo es crucial para entender la dinámica de control y explotación que existía dentro de la organización. La intervención de las autoridades ha permitido destapar una red que no solo afecta a las mujeres involucradas, sino que también pone en evidencia la falta de protección y las fallas en la regulación de estos espacios en el país.
En consecuencia, los imputados enfrentarán cargos por trata de personas con fines de explotación sexual en calidad de coautores, lo que implica una severa penalización dado el contexto de violencia y vulneración de derechos. Además, se ha solicitado el decomiso de seis inmuebles y tres vehículos relacionados con la actividad delictiva, así como una reparación integral para las víctimas que asciende a más de 1.152 millones de pesos. La Fiscalía también propuso medidas para eliminar el contenido producido con las víctimas de todas las plataformas digitales y la implementación de advertencias para prevenir a futuras víctimas sobre las tácticas utilizadas por estas organizaciones.
La situación que se ha desnudado en este caso pone de relieve la urgente necesidad de abordar la problemática de la explotación sexual y la trata de personas en Argentina, así como la importancia de fortalecer las políticas de protección para mujeres en situación de vulnerabilidad. La adhesión a las Reglas de Brasilia y la aplicación de la Ley N° 26.485 son pasos fundamentales, pero aún queda mucho por hacer para erradicar estas prácticas inaceptables y garantizar que se haga justicia.
