El Gobierno argentino ha implementado un nuevo sistema para calcular el financiamiento destinado a la Tarifa Social Federal del transporte público, con el objetivo de proporcionar mayor previsibilidad al gasto estatal en este beneficio. Esta modificación, formalizada mediante la Resolución 40/2026 y publicada en el Boletín Oficial, busca optimizar la administración de los recursos públicos, sin alterar el descuento que reciben los usuarios ni el grupo de beneficiarios. A través de esta medida, se establece un criterio claro para la asignación de fondos, facilitando la planificación y ejecución de los subsidios.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, ha señalado que la nueva normativa incorpora un enfoque uniforme para el cálculo del subsidio, lo que permitirá una gestión más eficiente de los recursos destinados a la Tarifa Social. A pesar de este cambio, más de 5.500.000 personas continuarán accediendo al 55% de descuento en el transporte público a través de la tarjeta SUBE personalizada. Esto garantiza que los beneficiarios sigan disfrutando del mismo nivel de apoyo gubernamental, mientras se busca mejorar la sostenibilidad financiera del sistema.
De acuerdo con lo establecido en la resolución, el cálculo de la Tarifa Social Federal se basará en tarifas de referencia. Para los servicios de transporte provincial y municipal, se tomarán como base las tarifas vigentes al 30 de junio de 2026. En el caso de los colectivos y trenes de jurisdicción nacional, se aplicarán las tarifas definidas previamente por la Resolución 27/2026 de la Secretaría de Transporte. Esta metodología busca establecer un marco claro que permita prever los fondos necesarios para el subsidio, evitando así sorpresas en el financiamiento.
El nuevo esquema entrará en vigencia el 1° de julio de 2026, y se mantendrá en efecto hasta que la Secretaría de Transporte decida realizar una actualización. Esta decisión responde a la necesidad de tener un sistema más estable, dado que las tarifas en las diferentes jurisdicciones son determinadas por provincias y municipios, lo que anteriormente generaba una situación de incertidumbre en los fondos asignados a la Tarifa Social. La falta de control centralizado sobre estas decisiones complicaba la previsibilidad del financiamiento nacional, lo que llevó a la necesidad de implementar este nuevo mecanismo.
Es importante destacar que, a pesar de estos cambios, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios conservarán sus facultades para establecer sus propias tarifas. Esto significa que, aunque se introduzca un esquema de referencia, los gobiernos locales seguirán teniendo la autonomía para definir los costos de su servicio de transporte público, asegurando así que puedan responder a las necesidades específicas de sus comunidades.
La resolución también pone de manifiesto la realidad de que las actualizaciones tarifarias son frecuentes y varían significativamente entre las distintas jurisdicciones que forman parte del Sistema Único de Boleto Electrónico. Este panorama diverso complicaba la planificación de los recursos destinados a la Tarifa Social, generando fluctuaciones que no siempre estaban alineadas con las decisiones del gobierno nacional. Con la nueva normativa, se espera que se logre un equilibrio que beneficie tanto a los usuarios como a la administración pública en su conjunto.
