El Gobierno de México anunció este viernes la apertura y profundización de cuatro líneas de investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Castro Isidro Burgos” de Ayotzinapa. La revisión se basa en el reanálisis de documentación, registros telefónicos y otros elementos reunidos durante los últimos doce años.
Las pesquisas están enfocadas en los hechos ocurridos en Iguala, en el estado de Guerrero, entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Según informó el Ejecutivo, el nuevo trabajo permitió vincular datos que hasta ahora habían sido examinados por separado y detectar indicios que podrían ser incorporados a la investigación.
Una de las líneas se concentra en el análisis de las comunicaciones telefónicas. Ese estudio permitió identificar patrones que no habían sido detectados previamente y ubicar a 17 nuevos objetivos dentro de la pesquisa. También posibilitó reconstruir conexiones entre integrantes del cártel Guerreros Unidos, agentes de policías municipales y estatales, funcionarios y personas relacionadas con el ámbito funerario.
Entre los nuevos elementos aparecen comunicaciones entre miembros de esa organización criminal y trabajadores de funerarias y del sector sanitario. De acuerdo con el comunicado oficial, una de las personas investigadas era propietaria de establecimientos funerarios, concesionaria del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala y participaba además en la administración de un panteón.
