La reforma laboral de 2026, destinada a modernizar el sistema de riesgos del trabajo en Argentina, no ha logrado disminuir la creciente litigiosidad que afecta a este sector. A poco más de un mes de la aprobación de la nueva legislación, los datos del primer trimestre revelan un aumento significativo en el número de demandas, lo que sugiere que el año podría alcanzar un nuevo récord en materia de juicios laborales. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la efectividad de las reformas implementadas y sobre la salud del sistema laboral argentino en su conjunto.

Según información proporcionada por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante el mes de marzo se registraron un total de 13.260 juicios contra las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), lo que marca el pico mensual más elevado del año hasta la fecha. Este aumento ha contribuido a un total acumulado de 26.700 demandas en los tres primeros meses de 2026, superando las cifras del mismo período en 2025. A pesar de la tradicional desaceleración que suele ocurrir durante la feria judicial de enero, el flujo de litigios se ha mantenido en ascenso, lo que refleja una tendencia preocupante para el sistema.

El análisis interanual también es alarmante: las cifras de marzo muestran un incremento del 13% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este crecimiento, que ya venía manifestándose antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, resalta la ineficacia de las reformas para frenar la judicialización de las relaciones laborales. La nueva ley, que refuerza algunos aspectos de la reforma de 2017, ha añadido nuevas disposiciones, pero parece que estas no han tenido el impacto deseado en la reducción de juicios.

En el último año móvil, el número de juicios alcanzó la asombrosa cifra de 135.000, lo que equivale a un promedio que supera las 11.000 demandas mensuales. Si esta tendencia continúa, se estima que el total de litigios para 2026 podría cerrarse en torno a los 138.000, superando el récord anterior de 134.000 causas. Este panorama se sostiene sobre una constante afluencia de demandas y la persistencia de factores estructurales que fomentan la judicialización, lo que podría tener repercusiones serias en el sistema de trabajo y en la actividad económica del país.

Mara Bettiol, presidenta de la UART, ha expresado su preocupación por el impacto de esta situación en el sistema de riesgos del trabajo. En sus declaraciones, Bettiol calificó los números como "lapidarios" y advirtió que representan una mala noticia para el sector. En el primer trimestre de este año, los juicios han aumentado un 3,4% en comparación con el mismo período del año pasado, lo que evidencia una tendencia que no se detiene.

La dinámica del crecimiento en la litigiosidad no ha sido uniforme en todo el país. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha liderado el incremento, con un aumento del 26,2% en comparación con el mes anterior y del 27,5% en relación con marzo de 2025. En contraste, la provincia de Buenos Aires ha mostrado una disminución en marzo respecto a los picos de febrero, aunque todavía mantiene un aumento cercano al 10% interanual. Por su parte, Santa Fe ha continuado en ascenso con un incremento del 16% respecto al año anterior, mientras que Mendoza y Córdoba han registrado una tendencia a la baja en sus cifras de litigios, reflejando posibles esfuerzos por mejorar la gestión del sistema en esas jurisdicciones.

La situación actual plantea una serie de interrogantes sobre la eficacia de las políticas laborales y la necesidad de un análisis profundo sobre cómo abordar la creciente judicialización en el ámbito laboral. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos de los trabajadores y la sostenibilidad del sistema de riesgos del trabajo, que se ve constantemente amenazado por la avalancha de juicios.