La propuesta de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ha generado un nuevo capítulo de tensión en el mercado de alquileres en Argentina, planteando un debate profundo entre propietarios e inquilinos. Este proyecto, que se encuentra en vías de aprobación en el Congreso, busca modificar aspectos clave relacionados con los desalojos, con el objetivo de facilitar y acelerar los procesos judiciales. En un contexto donde el acceso a la vivienda se ha vuelto cada vez más complicado, el tema no solo reviste importancia económica, sino que también tiene implicancias sociales significativas.
La esencia de esta iniciativa radica en la reducción de los plazos de intimación para el pago de rentas, así como en la implementación de procedimientos sumarísimos que permitirían acelerar los desalojos. Según el proyecto, los propietarios podrían recuperar sus inmuebles en un plazo que oscilaría entre tres y seis días tras la notificación de la deuda. La propuesta ha sido recibida con entusiasmo por parte de los propietarios, quienes argumentan que la falta de seguridad jurídica en el actual sistema desalienta la oferta de alquileres. Karina González y Germán Matienzo, representantes de Propietarios Unidos Argentina, han expresado que la prolongada duración de los desalojos perjudica el mercado, haciendo que muchos propietarios se reserven de alquilar sus propiedades.
Desde la perspectiva de los propietarios, la situación actual implica no solo la pérdida de ingresos por el alquiler, sino también la carga de mantener gastos como expensas y servicios mientras el inmueble permanece desocupado. Esta realidad ha llevado a muchos a cuestionar la viabilidad de continuar en el negocio del alquiler. Enrique Abatti (h.), abogado especializado en Derecho de la Empresa y miembro de la Cámara de Propietarios (CAPRA), subrayó que los tiempos prolongados de los juicios de desalojo, que pueden extenderse más de un año, son insostenibles y generan un efecto disuasivo para las inversiones en el sector.
En este sentido, la propuesta de acelerar los desalojos busca corregir lo que muchos consideran una distorsión histórica del sistema. La idea de que las discusiones legales sean breves y se limiten a cuestiones simples, como el vencimiento del contrato o el pago, se presenta como una solución práctica para mejorar la eficiencia del sistema judicial. Según Abatti, esto no solo facilitaría el proceso para los propietarios, sino que también podría traer beneficios indirectos al mercado de alquileres al estimular la oferta.
Por su parte, Bibiana Varela Guijarro, también directiva de la Cámara de Propietarios, ha enfatizado que la ley no se restringe únicamente a los desalojos. La reforma incluye modificaciones en diversas leyes relacionadas con la propiedad, abarcando desde expropiaciones hasta registros inmobiliarios. Este enfoque integral, según Varela Guijarro, busca fortalecer la seguridad jurídica en el sector inmobiliario, un aspecto que considera fundamental para reactivar las inversiones.
Sin embargo, la discusión no está exenta de controversia. Los inquilinos, que representan una parte crucial del mercado, expresan su preocupación ante la posibilidad de una mayor presión por desalojos. En un momento donde la demanda de viviendas es alta y el acceso se complica, la sensación de inseguridad se incrementa con la posibilidad de que se aceleren los desalojos. Este nuevo marco podría afectar no solo a quienes alquilan, sino también a aquellos que buscan acceder a un hogar, generando una grieta que podría profundizarse en los próximos meses.
La balanza entre los derechos de los propietarios y los inquilinos se encuentra en un punto crítico, donde cada parte sostiene argumentos válidos. La necesidad de un sistema más justo que proteja tanto la propiedad privada como el derecho a la vivienda es un desafío que exige un diálogo constructivo y soluciones equilibradas. La aprobación de esta ley podría marcar un antes y un después en la relación entre propietarios e inquilinos, y sus efectos se sentirán en el mercado de alquileres por mucho tiempo.
