La administración de la provincia de Buenos Aires, liderada por el gobernador Axel Kicillof, ha presentado una nueva demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta acción legal, que constituye la octava en un lapso de menos de tres años, se basa en supuestos incumplimientos del Consenso Fiscal firmado en 2017 y del convenio alcanzado en 2023. El monto total de la demanda asciende a 1,13 billones de pesos, a los que se suman intereses y ajustes por actualización, en un contexto de creciente tensión entre la provincia y el gobierno federal.

La presentación se formalizó en la jornada del lunes, justo antes de una audiencia relacionada con la causa de los fondos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Esta nueva demanda se enmarca dentro de una serie de reclamos que la provincia ha llevado ante el máximo tribunal del país, en un intento por garantizar el cumplimiento de acuerdos que, según la administración provincial, han sido vulnerados por el Estado nacional.

El Fiscal de Estado, Hernán Gómez, junto con el asesor General de Gobierno, Santiago Pérez Teruel, argumentan que la provincia ha sufrido un perjuicio significativo debido a la modificación unilateral del mecanismo de actualización de los fondos, que pasó de utilizar el índice de inflación real a basarse en estimaciones presupuestarias. Esta alteración, sostienen, ha generado una disminución en los recursos disponibles para la provincia, afectando diversos aspectos de la gestión pública y la atención a las necesidades de los ciudadanos.

El reclamo presentado incluye diferencias en la asignación de recursos correspondientes al período 2023-2025, específicamente en relación con el Fondo del Conurbano, un tema que ha sido objeto de litigios anteriores. Además, se suman los saldos pendientes del convenio firmado en 2023, lo que añade mayor complejidad a la situación. Este fondo ha sido históricamente un punto de fricción entre la provincia y el gobierno nacional, y los funcionarios provinciales insisten en que es fundamental restablecer los términos originales de los acuerdos para evitar futuros perjuicios.

El Consenso Fiscal de 2017, que fue firmado por el gobierno nacional y las provincias, establecía pautas claras para la coordinación tributaria y la coparticipación, incluyendo la reducción gradual de impuestos como Ingresos Brutos y la adecuación de los regímenes previsionales. Sin embargo, desde la provincia se argumenta que el gobierno nacional ha evadido sus compromisos, lo que ha llevado a un deterioro en la situación financiera de la región y ha exacerbado las tensiones políticas entre ambas partes.

En este contexto, la provincia de Buenos Aires no solo ha presentado esta nueva demanda, sino que mantiene otros siete reclamos en curso ante la Corte Suprema, relacionados con recortes en diversos fondos y transferencias. Entre estos se encuentran el Fondo de Seguridad, el Fondo Compensador al Transporte y los fondos de Anses destinados al Instituto de Previsión Social (IPS). Este último caso ha tenido avances recientes, con audiencias y la posibilidad de intercambio de información, lo que refleja la importancia del tema en la agenda provincial.

La situación actual plantea un escenario complejo, donde las provincias buscan afianzar sus derechos y recursos frente a un gobierno central que, según sus críticas, no ha cumplido con los acuerdos establecidos. La lucha por el financiamiento adecuado y el respeto a los consensos fiscales se convierte en un tema central en la agenda política, ya que las provincias dependen en gran medida de estas transferencias para llevar a cabo sus políticas públicas y atender las demandas de sus ciudadanos. La resolución de estos conflictos en la Corte Suprema podría tener un impacto significativo en la relación entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional, así como en el futuro de la coparticipación en el país.