La economía informal en América Latina suele analizarse como un problema laboral o tributario. Sin embargo, también plantea un desafío en materia de seguridad: allí donde el Estado no registra, regula ni supervisa, las organizaciones criminales encuentran espacios para operar, desarrollar su logística y reclutar integrantes.
Según el Panorama Laboral 2025 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la informalidad alcanza al 47% de las personas ocupadas en América Latina y el Caribe. Perú, Bolivia y Ecuador presentan niveles superiores al 70%. A su vez, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que el incumplimiento tributario representa para la región una pérdida anual de unos 325.000 millones de dólares, equivalente al 6,1% del producto regional.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) calcula que cada año se lava entre el 2% y el 5% del producto bruto mundial. En ese circuito, las economías basadas en el uso de efectivo pueden funcionar como una vía de ingreso para fondos de origen ilícito al sistema legal.
La informalidad, de todos modos, no define por sí misma una actividad criminal. La mayoría de las personas que trabajan en ese ámbito son honestas y quedaron fuera de la economía formal por regulaciones difíciles de cumplir y una presión impositiva considerada distorsiva. El riesgo aparece cuando un volumen amplio de operaciones sin trazabilidad permite que el dinero proveniente de delitos circule, se mezcle con ingresos legítimos y sea blanqueado.
En ese contexto, el crimen organizado puede aprovechar actividades como el contrabando, la falsificación, la minería ilegal de oro y el narcomenudeo disimulado en comercios para ampliar sus redes y consolidar su presencia en zonas con menor control estatal.
