El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ha tomado la decisión de realizar una serie de peritajes contables y tasaciones de activos en el marco de una investigación que indaga si se han desviado fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la adquisición de una mansión en Pilar y otros bienes. Esta acción se enmarca en un contexto de creciente preocupación sobre la gestión de los recursos en el deporte argentino, donde la transparencia y el uso adecuado de los fondos son temas recurrentes en los debates públicos. Desde el año 2019, todas las operaciones financieras de la AFA serán objeto de un análisis minucioso por parte de peritos designados por la Corte Suprema de Justicia, lo que pone de relieve la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer la situación.

La propiedad en cuestión, que ha generado revuelo mediático y social, se encuentra registrada a nombre de la empresa Real Central SRL, vinculada al dirigente Luciano Pantano y su madre Ana Conte. Ambos han sido mencionados en la causa como posibles testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la entidad. Esta asociación entre los protagonistas del caso y la AFA pone en tela de juicio la gestión de los recursos, lo que podría tener repercusiones significativas en la credibilidad de la organización y su liderazgo.

Cabe mencionar que el próximo lunes se llevará a cabo una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal, donde se definirá la competencia del expediente. Esta decisión es crucial, ya que podría determinar si el caso permanecerá en Campana o si se trasladará a los tribunales de Comodoro Py o al fuero Penal Económico. La especulación sobre la jurisdicción adecuada refleja la complejidad del asunto y el interés que ha suscitado tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública.

El juez González Charvay ha ordenado un análisis exhaustivo de todos los movimientos de dinero de la AFA, así como de la documentación que fue secuestrada durante los allanamientos, incluyendo aquella obtenida en la sede de la AFA a fines de marzo. Este enfoque detallado se debe a la necesidad de reconstruir la trayectoria financiera de la entidad y esclarecer si hubo irregularidades en el manejo de los fondos. El peritaje contable, que estará a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia, se propone ofrecer una “foto actual” de la mansión y sus activos, así como un análisis histórico que permita identificar la procedencia de los fondos.

Un aspecto central de esta investigación es la revisión de los gastos realizados con una tarjeta corporativa American Express de la AFA, que está emitida a nombre de Luciano Nicolás Pantano. Los peritos tendrán la responsabilidad de determinar a qué se destinaron esos gastos y si efectivamente se reflejaron en los estados contables de la Asociación. Esta medida es esencial para entender la transparencia en el uso de los recursos y para identificar posibles desvíos o malversaciones.

Otro punto crítico que se abordará en el peritaje es la relación de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, vinculada al exdiputado provincial Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Esta firma actuaba como intermediaria en contratos internacionales de la AFA, cobrando comisiones que alcanzaban el 30%. El juez ha solicitado una evaluación detallada sobre si la contratación de esta empresa se ajustó a las normativas de la AFA, así como el proceso que llevó a su selección y la legalidad de los acuerdos establecidos. La transparencia en este aspecto es fundamental para entender cómo se gestionan los contratos y las comisiones en el ámbito deportivo.

Finalmente, se analizarán los montos que TourProdEnter LLC recibió a cambio de sus servicios y cómo estos ingresos se reflejaron en los estados financieros de la AFA. La investigación busca esclarecer si el porcentaje de la comisión está alineado con los estándares del mercado, lo que podría tener implicaciones directas en la percepción pública de la AFA y su administración. La resolución de este caso no solo es crucial para la AFA, sino que también podría sentar un precedente en la administración de fondos en el deporte argentino, un ámbito donde la ética y la transparencia son cada vez más demandadas por la sociedad.