El Gobierno argentino ha llevado a cabo un ajuste significativo en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), modificando uno de sus parámetros fundamentales. A través de la resolución 484/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, se ha elevado el umbral del cociente financiero del 30% al 35%. Esta decisión implica un cambio en el criterio que determina qué proyectos se consideran inversiones de largo plazo, un aspecto crucial para la planificación y ejecución de grandes iniciativas económicas en el país.
La nueva normativa establece una redefinición del límite entre el valor presente del flujo neto de caja esperado, que no incluye las inversiones, y el valor presente de las inversiones de capital proyectadas durante los primeros tres años de un proyecto. Este ajuste busca reflejar de manera más precisa la realidad económica y financiera de diferentes sectores productivos, especialmente aquellos que se benefician del RIGI, como el energético y el minero. El Gobierno ha argumentado que el umbral anterior no se alineaba adecuadamente con las características específicas de ciertos proyectos, lo que podría haber limitado la atracción de inversiones.
La resolución fue impulsada por informes técnicos elaborados por diversas áreas del Ministerio de Economía, que evidenciaron la necesidad de un cambio en el enfoque. En particular, la Secretaría de Energía destacó que los proyectos hidrocarburíferos presentan esquemas de inversión que permiten una recuperación inicial más rápida, pero que requieren reinversiones constantes a lo largo de ciclos de vida que pueden extenderse entre 20 y 35 años. Este contexto ha llevado a la necesidad de ajustar el criterio de largo plazo para que se adapte mejor a la dinámica financiera de estos desarrollos.
Desde la Subsecretaría de Energía Eléctrica se aseguró que esta modificación no alterará la naturaleza de los proyectos de infraestructura energética, lo que significa que las inversiones seguirán siendo incentivadas de acuerdo a las características específicas de cada sector. Asimismo, la Secretaría de Minería afirmó que el cambio no impactará negativamente en la lógica de inversiones del sector, lo que sugiere que la medida busca fomentar un ambiente propicio para la inversión sin comprometer la estabilidad de los proyectos en curso.
Por otro lado, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa ha calificado el ajuste como neutro para actividades como la siderurgia, que se caracterizan por altos niveles de inversión inicial y largos períodos de desarrollo. Esto indica que el cambio en el umbral del cociente financiero será beneficioso sin generar desventajas para sectores que dependen de un marco estable para sus inversiones a largo plazo.
El objetivo del Ejecutivo es optimizar el funcionamiento del RIGI y mejorar su alineación con la realidad productiva del país, sin alterar su finalidad principal de atraer inversiones significativas. A partir de hoy, la nueva definición se aplicará a todos los sectores que están bajo el régimen, lo que podría abrir nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo en el país. Esta medida es parte de un esfuerzo más amplio por parte del Gobierno para revitalizar la economía y fomentar el crecimiento sostenible a través de inversiones estratégicas en diversos sectores productivos.
