El aumento del contrabando en el sector de la telefonía móvil ha desatado alarmas entre los industriales argentinos, quienes advierten sobre las serias distorsiones que esta actividad genera en un mercado ya golpeado por la inflación y la falta de regulación. Las empresas del rubro han señalado que la presencia de productos ingresados de manera ilegal no solo afecta la competitividad, sino que también distorsiona los precios, creando un entorno desfavorable para los canales de venta oficiales. Esta situación ha llevado a diversos actores de la industria a solicitar un endurecimiento de las políticas aduaneras y un mayor control en las fronteras para frenar el avance de esta problemática.

Recientemente, un informe sectorial ha revelado que el mercado de celulares en Argentina se posiciona en aproximadamente 9,2 millones de unidades anuales, tomando como referencia los promedios proyectados entre 2023 y 2025. Sin embargo, el contrabando ha crecido de manera alarmante, pasando de representar un 7% a un 35% del total de unidades comercializadas. En términos concretos, esto equivale a que más de 3,2 millones de celulares se venden anualmente a través de canales informales, lo que significa que uno de cada tres dispositivos en el mercado argentino proviene de fuentes ilegales.

El impacto económico del contrabando es igualmente significativo. Según estimaciones de 2025, las ventas de celulares de contrabando han generado ingresos por USD 1.858 millones, mientras que los dispositivos producidos localmente alcanzaron los USD 2.311 millones. Este fenómeno indica que el segmento ilegal representa cerca del 45% del mercado en términos monetarios, lo que subraya la magnitud del problema y su repercusión en la industria nacional.

A medida que este fenómeno persiste, los analistas del sector informan que el canal informal ha mantenido un volumen estable de ventas, estimándose en alrededor de 50.000 unidades semanales durante el primer trimestre de 2026. Este hecho pone de manifiesto que el contrabando no es solo una cuestión temporal, sino una tendencia preocupante que se ha consolidado como un circuito paralelo dentro de la economía del país.

Desde la industria, los representantes han expresado su profunda preocupación por la falta de una fiscalización adecuada en las fronteras, lo que permite que uno de cada tres celulares vendidos en el país tenga un origen ilegal. Esta situación no solo perjudica a los consumidores que pueden recibir productos de menor calidad, sino que también afecta el empleo en la industria y el comercio legal, generando un círculo vicioso que amenaza la sustentabilidad del sector. “Es esencial que se lleve a cabo una revisión exhaustiva de la estructura impositiva y que se refuercen los controles estatales en los puntos de ingreso al país”, señalaron los industriales.

Además, el informe indica que el contrabando está tomando cada vez más fuerza en el segmento de celulares de alta gama, donde las ventas del canal informal se han equiparado a las del circuito formal durante los primeros meses del año. En los segmentos de gama media y baja, el mercado ilegal ha alcanzado aproximadamente el 50% del volumen total vendido, lo que no solo pone en riesgo la rentabilidad de las empresas locales, sino que también afecta la percepción de calidad del producto entre los consumidores.

El desafío que enfrenta la industria móvil en Argentina es multifacético y requiere una respuesta integral que contemple tanto la regulación de precios como la protección de los canales legales de venta. Sin una estrategia clara que aborde la problemática del contrabando y que promueva un ambiente competitivo y seguro, el futuro del sector podría verse comprometido. La industria clama por un marco regulatorio que garantice la equidad en el comercio y la seguridad en las fronteras, elementos fundamentales para asegurar un crecimiento sostenible en el contexto actual.