El acceso a información fiscal precisa y actualizada acerca de las provincias argentinas se ha convertido en un desafío considerable tanto para economistas como para funcionarios públicos y organismos internacionales. La falta de cumplimiento con la Ley de Responsabilidad Fiscal se manifiesta como uno de los problemas más acuciantes en la gestión pública provincial, donde un número significativo de jurisdicciones no logra satisfacer los requisitos establecidos para la divulgación de datos esenciales. Esta situación pone de relieve no solo una falta de transparencia, sino también la necesidad urgente de mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito fiscal.

Un informe de la Asociación Argentina del Presupuesto y la Administración Financiera Pública (ASAP) revela que, de las 22 provincias evaluadas, solamente tres cumplen de manera integral con las normativas delineadas por la ley: Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. El resto de las provincias presenta un rango de cumplimiento que varía desde niveles altos hasta escasos, indicando una preocupante falta de homogeneidad en la aplicación de la normativa fiscal. Este dato resalta la disparidad existente entre las provincias en términos de gestión fiscal y la relevancia de establecer estándares más rigurosos para mejorar la transparencia.

La ASAP ha actualizado su monitoreo del cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal, correspondiente al cierre del ejercicio fiscal de 2025, con un corte de datos al 31 de marzo de 2026. El informe señala que el índice general de cumplimiento ha caído a 70,9 puntos, lo que representa una disminución de 3,4 puntos respecto a septiembre del año anterior y una pérdida de 6,8 puntos en comparación con marzo de 2025. Esta tendencia decreciente es motivo de preocupación, ya que sugiere un retroceso en la implementación de prácticas fiscales responsables en el país.

La Ley de Responsabilidad Fiscal, vigente desde 2004, establece que los gobiernos provinciales y la Ciudad de Buenos Aires deben, en un plazo no mayor a un mes, difundir información trimestral relacionada con la ejecución presupuestaria, los gastos clasificados por función, el stock de deuda pública, así como los programas de financiamiento multilateral y el pago de servicios. Además, se les exige publicar un listado de acreedores, así como la planta de personal y los empleados que estén bajo programas financiados por organismos internacionales, con un rezago de tres meses en junio y diciembre.

De acuerdo con el último informe de la ASAP, solo tres provincias, a saber Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, proporcionan toda la información exigida dentro de los plazos establecidos. Por otro lado, hay un grupo de provincias que presenta un alto cumplimiento, entre las que se encuentran la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Formosa, La Rioja, Neuquén, Santa Cruz y Tucumán. Sin embargo, la mayoría de estas jurisdicciones no cumplen completamente con la obligación de informar sobre la planta de personal, lo que limita la transparencia en el gasto público y la gestión de recursos humanos.

En el nivel intermedio de cumplimiento se encuentran provincias como Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Misiones, que solo informan sobre el presupuesto, mientras que el resto de los requisitos no son satisfechos. Por otro lado, provincias como Buenos Aires, Chubut, Mendoza, San Juan, Corrientes, Jujuy, Río Negro y Tierra del Fuego presentan un bajo nivel de cumplimiento, siendo que San Juan y Tierra del Fuego ni siquiera han publicado su presupuesto para 2026. Esta falta de información puede generar incertidumbre en la toma de decisiones tanto a nivel local como nacional, afectando la confianza en la gestión pública.

La ASAP ha creado un sistema de puntuación que evalúa el cumplimiento de cada uno de los ítems que las provincias deben informar, asignando un puntaje distinto a cada rubro. En función de esta evaluación, se ha elaborado un índice general que abarca a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exceptuando a La Pampa, que no adhiere a la normativa. Este enfoque permite identificar claramente las áreas donde el cumplimiento es insuficiente y resalta la necesidad de que las provincias mejoren sus prácticas de transparencia fiscal. El desafío es significativo, pero esencial para garantizar una gestión pública más responsable y efectiva en el país.