La reciente escalada en los precios del petróleo, que superó los 100 dólares por barril, ha generado preocupaciones sobre un posible nuevo reajuste en los precios de los combustibles en Argentina. Según Daniel Montamat, exsecretario de Energía y actual titular de la consultora Montamat & Asociados, si se mantienen las cotizaciones internacionales, es casi una certeza que los precios locales experimentarán un incremento. Esta situación se agrava debido a la inestabilidad en Medio Oriente, donde la reciente guerra ha interrumpido el flujo de petróleo, afectando de manera significativa el comercio marítimo a través del estratégico Estrecho de Ormuz.

Desde el inicio de la semana, los precios de los combustibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya habían visto un aumento cercano al 9% en comparación con los valores de finales de febrero. Este incremento coincide con el inicio de los ataques de Israel y Estados Unidos sobre Irán, que han escalado el conflicto en la región y, a su vez, han afectado la producción y distribución de petróleo a nivel global. La interrupción de las operaciones en áreas clave de acceso a recursos energéticos podría tener efectos duraderos en los precios de los combustibles, lo que podría llevar a ajustes más frecuentes y significativos en el mercado local.

A medida que los mercados internacionales interpretan las acciones militares como una señal de un daño que va más allá de lo coyuntural, las proyecciones de precios se han comenzado a debilitar. Los contratos de futuros, que en su momento reflejaban expectativas de un descenso en los valores una vez superada la guerra, están siendo cuestionados a medida que la situación se prolonga y el daño a la infraestructura energética se vuelve más evidente. Este cambio en la percepción del riesgo ha llevado a una cotización del barril de Brent que alcanzó los 112 dólares, lo que complica aún más las previsiones de un retorno a la normalidad en el corto plazo.

En este contexto de incertidumbre, los precios de la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio de YPF en Buenos Aires han registrado aumentos significativos. La nafta super ha pasado de un promedio de 1.738 a 1.803 pesos, mientras que la nafta Infinia y el gasoil también han visto incrementos similares. Aunque Horacio Marín, presidente de YPF, ha manifestado su intención de “amortiguar” estos aumentos, existe un alto grado de incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para contener los precios y sobre las reacciones de otras compañías competidoras como Shell, Axion y Puma.

Por otro lado, un análisis de Jorge Lapeña, presidente del Instituto de Energía Argentina General Mosconi, sugiere que el gobierno cuenta con herramientas suficientes para evitar que los precios locales sigan ciegamente las tendencias internacionales. De acuerdo con Lapeña, priorizar el abastecimiento interno podría ser clave para mitigar el impacto de los aumentos en el mercado global. Sin embargo, esto dependerá de la voluntad política y de la implementación de medidas efectivas que protejan a los consumidores argentinos.

En el ámbito legislativo, varios representantes del kirchnerismo han propuesto un proyecto de ley que busca obligar a las petroleras y al Estado a informar con anticipación sobre cualquier cambio en los precios de los combustibles. Esta iniciativa pretende restablecer el mecanismo de información previa que fue eliminado por la resolución 717/2025, el cual requería que cualquier ajuste en los precios de nafta y gasoil se comunicara con al menos 72 horas de antelación. La falta de esta regulación ha permitido que los cambios en los precios se realicen sin aviso, lo que podría impactar en la economía de los consumidores y en la transparencia del mercado en general.

La situación actual plantea un escenario complejo para el sector energético en Argentina, donde los consumidores se enfrentan a un futuro incierto en cuanto a los precios de los combustibles. A medida que las tensiones internacionales continúan y los precios del petróleo permanecen elevados, será crucial observar cómo reaccionan tanto el gobierno como las empresas petroleras para garantizar el abastecimiento y la estabilidad del mercado interno.