El sistema económico argentino ha sido definido por un modelo de industrialización que prioriza la sustitución de importaciones y un proteccionismo extremo. Esta estructura, que favorece un mercado interno cerrado, ha desincentivado la competitividad, lo que ha llevado a estancamientos en el crecimiento económico, las exportaciones y la productividad a largo plazo.
En contraste, países como Australia y Canadá han logrado fomentar alianzas exportadoras con una representación sindical democrática. Estos modelos han permitido la creación de empleo en diversos sectores, promoviendo un desarrollo socioeconómico más robusto. A pesar de que Argentina contaba a principios del siglo XX con características similares en términos de PIB per cápita, geografía y estructura productiva, en la actualidad su ingreso per cápita se sitúa apenas en un 30% de lo que alcanzan esos países.
La resistencia al cambio se ha evidenciado en los escasos intentos de reforma laboral desde 1983, todos los cuales han fracasado. Actualmente, solo el 35% de los puestos de trabajo son registrados, lo que ha contribuido a un aumento de la informalidad laboral. Esto, sumado a las altas cargas sociales que perciben los trabajadores como impuestos, ha incentivado la economía informal. La reciente ley de modernización laboral busca reducir indemnizaciones por despido y actualizar la normativa laboral, pero sin una reforma integral, la situación seguirá estancada y la calidad de vida de los trabajadores se verá comprometida.
