El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado la sanción de 3,6 millones de euros impuesta a la empresa Alquiler Seguro por conductas consideradas "abusivas" hacia sus inquilinos. Esta decisión se produce tras la resolución del recurso de alzada presentado por la inmobiliaria, según lo informado este miércoles por el Departamento encabezado por Pablo Bustinduy. La resolución de Consumo concluye que la empresa ha vulnerado derechos fundamentales de los consumidores, aprovechándose de su posición dominante en el mercado.
La multa, que se considera firme, está compuesta por una serie de infracciones graves y muy graves. Entre las acusaciones más destacadas, se encuentra la obligación impuesta a los inquilinos de contratar un servicio de atención que, en realidad, se traduce en gastos adicionales por gestión inmobiliaria y formalización de contratos. También se señala la imposición de un seguro de hogar que beneficiaba a la parte arrendadora, así como la creación de cargos por reclamaciones a los arrendatarios, incluso cuando estas no eran atribuibles a ellos.
Además, Alquiler Seguro ha sido sancionada por incluir en sus contratos una cláusula que permite incluir a los inquilinos en listas de morosos en caso de impago, sin tener en cuenta las razones del mismo, y sin que estas deudas sean necesariamente exigibles. La empresa también excluyó el derecho de desistimiento de los inquilinos en relación a los contratos de servicio de atención, lo que contraviene la normativa vigente. Este conjunto de prácticas ha llevado al Ministerio a calificar la conducta de la inmobiliaria como altamente problemática.
La Ley de Vivienda es clara al prohibir que se trasladen a los inquilinos los costos relacionados con la gestión inmobiliaria y la formalización de contratos. En este sentido, las acciones de Alquiler Seguro han sido categorizadas como infracciones que pueden acarrear sanciones severas, como se ha evidenciado en este caso particular. Con esta decisión, el Ministerio busca establecer un precedente y proteger los derechos de los arrendatarios frente a prácticas comerciales desleales.
Del total de la multa, una de las infracciones más graves acarrea una penalización de un millón de euros, mientras que otra suma 990.900 euros. Además, se suman tres sanciones de 500.000 euros cada una, una de 100.001 euros y una última por infracción grave de 10.001 euros. Esta elevada cuantía refleja la seriedad con la que el gobierno está tratando las cuestiones de derechos del consumidor en el sector inmobiliario.
La resolución también incluye medidas accesorias que van más allá de la sanción económica. Alquiler Seguro estará obligada a corregir los incumplimientos detectados, lo que implica eliminar las cláusulas abusivas que han sido identificadas. Asimismo, la empresa deberá hacer pública la multa impuesta, así como la identidad de la persona jurídica responsable y la naturaleza de las infracciones cometidas. Este proceso de sanción se inició en marzo de 2025, y actualmente se está llevando a cabo una investigación adicional por denuncias similares.
Las denuncias que dieron origen a este expediente fueron presentadas por organizaciones como Facua Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), lo que resalta la importancia de la vigilancia y denuncia de prácticas abusivas en el sector. La situación se convierte en un llamado a la acción para otros inquilinos que puedan estar enfrentando situaciones similares, promoviendo así una mayor protección y respeto por los derechos de los consumidores en el ámbito de la vivienda.
