La reciente Acordada 4/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación marca un avance significativo en el proceso de selección de magistrados, buscando aportar mayor transparencia y objetividad al régimen de concursos. Este esfuerzo institucional se presenta como una respuesta necesaria a las inquietudes sobre la calidad del sistema judicial argentino, donde la designación de jueces es un aspecto crucial para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. La iniciativa de la Corte no solo se propone mejorar los procedimientos existentes, sino también establecer un marco que privilegie el mérito y minimice la discrecionalidad, características esenciales para una república sólida.

La Acordada, al enfocarse en la evaluación técnica, intenta reducir la opacidad que históricamente ha rodeado la selección de jueces. Las reformas propuestas buscan estructurar adecuadamente los antecedentes de los postulantes y racionalizar etapas que, por su naturaleza, son más susceptibles a interpretaciones subjetivas. Este enfoque es vital, dado que la falta de claridad en los criterios de selección ha sido motivo de críticas durante años, generando desconfianza en la ciudadanía sobre la imparcialidad del sistema judicial.

Sin embargo, a pesar de los avances que representa esta iniciativa, persiste un dilema fundamental en el sistema argentino de selección de magistrados: la desventaja de quienes ejercen la abogacía de manera independiente frente a aquellos que ya forman parte del Poder Judicial o del Ministerio Público. Este fenómeno plantea interrogantes sobre la equidad del proceso, ya que la experiencia obtenida en la práctica liberal de la abogacía no siempre es valorada en su justa medida al momento de evaluar a los candidatos. Aun con una estructura más transparente, la tendencia a favorecer la trayectoria judicial interna podría perpetuar desigualdades en el acceso a la magistratura.

Es importante aclarar que esta observación no busca descalificar el trabajo realizado dentro del ámbito judicial. De hecho, el Poder Judicial argentino ha sido históricamente un semillero de talentosos profesionales del derecho, desde jueces hasta fiscales y defensores, muchos de los cuales han destacado en el ejercicio privado y en la academia. La formación que brinda la experiencia judicial es invaluable, ya que permite adquirir habilidades técnicas y un profundo entendimiento del funcionamiento del sistema legal, lo cual es fundamental para el ejercicio de la magistratura.

No obstante, la paradoja se presenta cuando se observa que, a pesar de ser un excelente formador, el Poder Judicial no se nutre en la misma medida de la experiencia acumulada por aquellos abogados que han desarrollado su carrera en el ámbito privado. Este fenómeno sugiere que, aunque el sistema se presenta como híbrido y no exige formalmente una trayectoria judicial previa, en la práctica, las trayectorias más valoradas son aquellas que transitan el camino interno del Poder Judicial. Así, la valoración de la experiencia se inclina hacia quienes ya están dentro del sistema, dejando a un lado a aquellos que han forjado su carrera fuera de él.

La problemática, por lo tanto, invita a reflexionar sobre la necesidad de un cambio en la lógica de selección de jueces, que no solo considere la experiencia acumulada dentro del sistema judicial, sino que también valore el ejercicio independiente de la abogacía como una fuente de conocimiento y habilidades relevantes. Para lograr un verdadero equilibrio en el acceso a la magistratura, es fundamental que las reformas incluyan criterios que reconozcan y aprecien la diversidad de trayectorias profesionales en el ámbito legal. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema más inclusivo y representativo, que no solo fortalezca la independencia judicial, sino que también refleje la pluralidad de experiencias que enriquecen el ejercicio del derecho en el país.