Una oficial principal de la Policía del Chaco ha presentado una grave denuncia que involucra a un excomisario y a un segundo individuo por un presunto abuso sexual. Este incidente, que tuvo lugar en una vivienda particular el 6 de junio, ha generado un fuerte impacto en la comunidad y ha puesto de relieve la necesidad de abordar la violencia de género y el abuso en todas sus formas, especialmente dentro de las fuerzas de seguridad. Según la denuncia, la mujer de 33 años, identificada con las iniciales E.E.N., relató que mantuvo una relación sexual consentida con G.G., un hombre de 50 años, excomisario de la provincia, antes de perder el conocimiento.
Al recuperar la conciencia, la oficial se encontró en una situación alarmante, desnuda y siendo objeto de abusos sexuales por parte de J.R., apodado “Choca”, el propietario de la vivienda. La denuncia fue presentada el 8 de junio en el Departamento de Violencia Familiar y de Género, ubicado en la zona Metropolitana, tras el regreso de la mujer a Resistencia. Este tipo de situaciones ponen en jaque la confianza pública en las fuerzas del orden, ya que la víctima es parte de la misma institución que debería protegerla, lo que complica aún más la dinámica de poder y el miedo que enfrentan quienes sufren abusos.
La denuncia ha sido tomada con seriedad por las autoridades, y la causa ha sido asignada a la Fiscalía Penal N° 1 de San Martín, que está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre los hechos y las circunstancias que rodearon el caso. Ambos acusados fueron arrestados y se encuentran a disposición de la justicia provincial mientras se desarrollan las indagaciones pertinentes. En su testimonio, la mujer explicó que se encontraba en General San Martín para visitar a una amiga y, tras participar en una cena y una salida social, se dirigió a la vivienda en la que ocurrió el abuso.
Según su relato, tras el encuentro consensuado con el excomisario, la víctima perdió el conocimiento y, al despertar, se encontró en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta experiencia traumática resalta la importancia de crear un entorno seguro para las mujeres, especialmente aquellas que forman parte de instituciones que deben ser refugios de protección y respeto. La mujer, sintiendo temor, no realizó la denuncia de inmediato, lo que refleja el complicado proceso que muchas víctimas enfrentan al intentar buscar justicia.
La Fiscalía ha ordenado la realización de peritajes médicos en el Hospital Perrando, así como la toma de testimonios y la ampliación de la declaración de la denunciante. Este proceso es crucial para esclarecer la responsabilidad de los implicados y asegurar que se tomen las medidas adecuadas en relación con la denuncia. Las fuentes judiciales han indicado que se han implementado medidas de protección y asistencia para la víctima, un aspecto fundamental en la atención a casos de abuso sexual.
Este caso en Chaco no es un hecho aislado. Recientemente, otro oficial inspector, Jorge Antonio Bustos, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual agravado contra una colega, un fallo que pone de manifiesto la gravedad de estos delitos dentro de las fuerzas policiales. En este sentido, la sentencia no solo impone restricciones al condenado, como la prohibición de acercamiento a la víctima y la desvinculación de la fuerza, sino que también establece un precedente necesario para abordar la violencia institucional y la cultura del silencio que a menudo rodea estos casos. La situación en Viedma y el nuevo caso en Chaco resaltan la urgencia de profundizar en las políticas de prevención y respuesta ante el abuso sexual en ámbitos laborales y de seguridad.
