El juez Diego Amarante, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico, ha dictado el procesamiento de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), junto a otros directivos de la entidad, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades tributarias y previsionales que involucran montos multimillonarios. Esta decisión se toma en el contexto de un expediente que se ha abierto a raíz de una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que puso de manifiesto la falta de depósitos en tiempo y forma de diversas retenciones impositivas y aportes sociales.

La denuncia revela que la AFA no habría cumplido con sus obligaciones fiscales, especialmente en lo que respecta al depósito en el plazo legal de las retenciones de impuestos como el IVA y el Impuesto a las Ganancias, así como las contribuciones al sistema de seguridad social. En la resolución judicial, se menciona específicamente que la AFA omitió realizar los pagos correspondientes dentro de los 30 días posteriores a los vencimientos, lo que ha llevado a clasificar estos hechos como delitos de “apropiación indebida de tributos” y “apropiación indebida de recursos de la seguridad social”, según lo estipulado en la ley 27.430.

Además de Tapia, otros directivos implicados en esta causa son Pablo Toviggino, Cristian Malaspina, Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco, quienes, junto a la propia AFA, son considerados responsables en este entramado de irregularidades. La investigación ha puesto de relieve la importancia de cada uno de los roles desempeñados por estos directivos, ya que el fallo judicial detalla la participación específica de cada uno en relación a los períodos fiscales en cuestión, lo que resulta fundamental para entender el alcance de las imputaciones.

El juez Amarante ha señalado que las omisiones de pago investigadas son consideradas hechos independientes a efectos penales, lo que complica aún más la situación de los acusados. Las cifras implicadas en esta causa son de tal magnitud que abarcan períodos fiscales entre 2024 y 2025, lo que podría resultar en sanciones severas si se confirma la culpabilidad de los directivos. Las evidencias recogidas en extensos informes detallan cada una de las omisiones, lo que podría llevar a la AFA a enfrentar importantes consecuencias económicas y legales.

Durante las indagatorias, varios de los procesados defendieron su postura negando cualquier responsabilidad en la gestión de las operaciones tributarias. La defensa de la AFA se basó en tres ejes centrales: la alegación de que no hubo intervención directa de los acusados en los procesos de pago, la discusión sobre los plazos de vencimiento y la afirmación de que no se cometió delito alguno. En este sentido, uno de los argumentos más destacados fue que, si bien los pagos no se realizaron en los plazos establecidos, la AFA actuó de buena fe, argumentando que las sumas retenidas fueron depositadas, aunque con un criterio distinto respecto a los vencimientos.

Gustavo Lorenzo, uno de los directivos procesados, también se ha manifestado al respecto, afirmando que se encuentra “ajeno a cualquier manejo de realización, determinación, orden de pago y/o pago de todo tributo”. Este tipo de defensas, que buscan deslindar responsabilidades, podrían ser clave en el desarrollo del proceso judicial, ya que la estrategia de los acusados se basa en demostrar que la falta de pago no se debió a una acción deliberada o malintencionada.

El caso de la AFA y sus directivos pone de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la gestión de las entidades deportivas en Argentina. La implicación de altos mandos en este tipo de situaciones genera preocupación sobre la administración de recursos públicos y la confianza en las instituciones deportivas. A medida que avanza la investigación, los ojos estarán puestos no solo en las decisiones judiciales, sino también en el impacto que esto tendrá en la imagen de la AFA y en el fútbol argentino en general.