Ignacio Grande, secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales durante la dana del 29 de octubre de 2024, declaró ante la jueza de Catarroja que investiga la gestión de la emergencia. Según su testimonio, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, tuvo una actitud “proactiva” durante la primera parte de la reunión del Cecopi, pero la situación se volvió “caótica” a partir de las 19.30.
Grande compareció como testigo en una causa en la que están investigados Pradas y su exnúmero dos, Emilio Argüeso. El funcionario explicó que se conectó al Centro de Coordinación Operativa Integrada alrededor de las 17, pese a que no estaba obligado a hacerlo, y que mantuvo informada a quien era su superior, Susana Camarero.
Durante el inicio de la reunión, los participantes analizaron la situación en Utiel. El testigo señaló que luego se produjo un “punto de inflexión” cuando la Confederación Hidrográfica del Júcar alertó sobre un posible colapso en Forata. A partir de ese momento, según relató, la reunión se “desordenó más” y comenzó a discutirse la posibilidad de evacuar.
Grande afirmó que no escuchó ninguna referencia a un mensaje de Es Alert, aunque aclaró que durante la reunión estaba realizando y recibiendo llamadas. También indicó que cerca de las 18 se anunció un receso de 15 minutos, pero que el encuentro se retomó a las 19.11. En esa instancia se analizó la posibilidad de confinar a toda la provincia y, de acuerdo con su declaración, se generó “tensión” dentro del Cecopi.
La dana del 29 de octubre de 2024 dejó 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia. La investigación judicial busca determinar cómo se gestionó la respuesta ante la riada y contempla, por el momento, a Pradas y Argüeso como investigados.
