Un tribunal de Singapur decidió recientemente sancionar a tres mujeres con multas de 3.000 dólares singapurenses, equivalentes a aproximadamente 2.340 dólares estadounidenses, por la organización de una marcha en apoyo a Palestina. Esta decisión se produce tras la revocación de una anterior absolución que había sido dictada en octubre del año pasado. El juez See Kee Oon, encargado de la causa, aceptó un recurso presentado por la fiscalía, argumentando que las acusadas debían haber tenido conocimiento de que la marcha se desarrollaría en una zona restringida, conforme a la Ley de Orden Público de Singapur.
La legislación en Singapur es particularmente estricta en lo que respecta a las manifestaciones, requiriendo permisos específicos de la Policía para llevar a cabo cualquier tipo de protesta. Además, las concentraciones públicas sólo están permitidas en un área designada, el parque Hong Lim, y los ciudadanos extranjeros tienen prohibida su participación en estas actividades. Este contexto legal refleja un enfoque autoritario hacia el mantenimiento del orden público en la ciudad-Estado, donde la libertad de expresión es a menudo limitada por el gobierno.
La controversia en torno a esta marcha se intensificó en octubre de 2023, cuando el gobierno de Singapur prohibió de manera explícita las protestas relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamás, rechazando de forma sistemática las solicitudes para estas convocatorias. En este contexto, las tres mujeres, que tienen edades comprendidas entre los 26 y 37 años, habían sido inicialmente absueltas de los cargos en un juicio conjunto, lo que generó un clima de esperanza entre algunos sectores que abogan por mayores libertades civiles en el país.
Una de las organizadoras, Kokila Annamalai, había manifestado en ese momento su determinación de continuar luchando contra lo que calificó de "leyes antidemocráticas". Sin embargo, la reciente decisión del juez See ha puesto en evidencia la precariedad de la libertad de reunión en Singapur, donde la disidencia política es tratada con mano dura. El magistrado argumentó que las acusadas debieron consultar sobre la legalidad de la marcha, dado que estaban al tanto de la advertencia policial que se había emitido en 2023 respecto a estas concentraciones.
A pesar de las restricciones, alrededor de 70 personas se unieron a la marcha pacífica, que tuvo lugar en una de las avenidas principales de Singapur. Los participantes llevaron paraguas abiertos decorados con imágenes de sandías, un símbolo de la lucha por los derechos palestinos, representando los colores de su bandera. Este acto, aunque pequeño, simboliza el deseo de algunos ciudadanos de expresar su solidaridad con la causa palestina, a pesar de las limitaciones impuestas por el gobierno.
La situación en Gaza ha generado un debate intenso y polarizado en Singapur, un país que alberga a una población musulmana significativa, en su mayoría de etnia malaya. A su vez, Singapur mantiene relaciones estrechas con Israel, que ha sido un aliado estratégico desde su independencia de Malasia en 1965. Este contexto geopolítico complica aún más la dinámica interna del país y subraya la dificultad de abordar temas sensibles como el conflicto en Medio Oriente en un entorno donde las autoridades prefieren evitar la controversia pública.
