Organizaciones de derechos humanos denunciaron un incremento de las detenciones incomunicadas y las desapariciones forzadas en Venezuela, prácticas que, según sus registros, son utilizadas como mecanismos de control político. Desde 2014, el Foro Penal y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) documentan casos de personas que permanecen días o semanas sin contacto con sus abogados, familiares ni jueces.
De acuerdo con los informes de esas organizaciones, el procedimiento incluye operativos nocturnos, traslados a centros de inteligencia como El Helicoide o Boleíta, períodos de incomunicación y posteriores presentaciones ante tribunales sin debido proceso. Provea informó que durante 2025 registró 160 víctimas de desaparición forzada, un 196% más que las 54 contabilizadas en 2024.
El informe anual de la entidad también señaló que en 2025 las detenciones por motivos políticos aumentaron un 102% respecto del promedio de los últimos 17 años. En cuanto a la cantidad de presos políticos, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó 518 personas, mientras que el Foro Penal registró 372.
Tras los terremotos del 24 de junio pasado, JEP advirtió sobre la situación de vulnerabilidad de esa población carcelaria. La organización describió a los detenidos como psicológicamente afectados por la pérdida de familiares, con deterioro de las condiciones alimentarias, temor por el estado de las estructuras penitenciarias, aislamiento comunicacional y ausencia de protocolos.
