Maricarmen Abascal tenía 87 años y vivía desde los 17 en el departamento de la calle del Alcalde Sainz de Baranda 46, en el barrio de Ibiza, Madrid. Se trata de una zona de clase media ubicada a pocas cuadras del Parque del Retiro. Allí fue desalojada luego de que intentaran elevarle el alquiler un 230%, hasta llevarlo a 1.650 euros, mientras su pensión era de 1.350 euros. El desenlace volvió a poner en discusión la forma en que la sociedad trata a las personas mayores.
La pregunta no es nueva. Joan Manuel Serrat imaginaba una vejez en la que, después de haberlo dado todo, “en justa correspondencia, todo estuviese pagado, y el carné de jubilado abriese todas las puertas”. En esa sociedad, decía, llegar a viejo podría ser “más llevadero, más confortable, más duradero”, en lugar de “arrinconarlos en la historia, convertidos en fantasmas con memoria”.
El problema no se limita a España. En la Argentina, alrededor de 2,9 millones de jubilados cobran la mínima, que alcanza los $505.748 mensuales con el bono incluido. A la vez, una canasta de bienes y servicios para una mujer de 75 años o más, que paga alquiler y no tiene prepaga, tenía en agosto un costo de $1.547.027, según cálculos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
La distancia entre esos ingresos y el costo de una vida básica expone una situación que no admite indiferencia. Algo debería cambiar antes de que muchas personas mayores queden obligadas a enfrentar la edad en condiciones de desamparo, “encima, sin carnaval ni comparsa”, como cantaba Piero.
