Los Ángeles se prepara para una transformación significativa en su sistema de control de velocidad, con la implementación de un novedoso programa que incluirá la instalación de 125 radares en puntos estratégicos de la ciudad. Este despliegue, que se llevará a cabo entre abril y julio de 2026, tiene como objetivo primordial reducir la siniestralidad en áreas donde la incidencia de accidentes es alarmantemente alta, así como proteger tanto a peatones como a conductores. La medida es impulsada por el Departamento de Transporte de Los Ángeles, que busca generar un entorno más seguro a través de la aplicación de sanciones económicas que podrán llegar hasta USD 500 por exceso de velocidad.
La iniciativa responde a un contexto de creciente preocupación por la seguridad vial en la ciudad. Datos recientes indican que en 2025 se registraron más de 300 muertes por accidentes de tránsito, de las cuales un tercio involucró a peatones en atropellos en zonas urbanas. Ante esta alarmante cifra, las autoridades han decidido actuar de manera contundente, estableciendo un sistema de control que no solo busca sancionar, sino también disuadir a los conductores de infringir los límites de velocidad establecidos.
Los radares se ubicarán en corredores considerados críticos, que incluyen avenidas con un alto volumen de tráfico, intersecciones donde se han producido incidentes graves y zonas escolares, donde la seguridad de los niños es prioritaria. Este enfoque estratégico se basa en estudios realizados por el municipio que identificaron patrones recurrentes de exceso de velocidad y atropellos en dichos sectores. La cobertura del programa se extenderá desde el Valle de San Fernando hasta la región portuaria, asegurando que las áreas más vulnerables cuenten con una supervisión adecuada.
El programa comenzará con una fase de advertencia de 60 días en la que los conductores que sean detectados excediendo los límites de velocidad recibirán notificaciones informativas, sin carácter sancionador. Este período tiene como finalidad concientizar a los automovilistas sobre la nueva normativa y las implicaciones de sus acciones. Posteriormente, se aplicarán multas que oscilarán entre USD 50, para infracciones menores, y hasta USD 500, en aquellos casos en los que la velocidad supere en más de 17,7 km/h el límite permitido, estableciendo un sistema de sanciones que considera tanto la gravedad de la infracción como la reincidencia del infractor.
El Departamento de Transporte ha señalado que la escala de sanciones está respaldada por estudios que demuestran la relación directa entre la velocidad y la probabilidad de lesiones fatales en atropellos. Esto refuerza la necesidad de un enfoque riguroso en la regulación de la velocidad, especialmente en áreas donde la vulnerabilidad de los peatones es mayor. Organizaciones de seguridad vial, como la filial californiana de Vision Zero, también han abogado por este tipo de medidas, destacando los radares como herramientas efectivas para reducir la velocidad promedio y, en consecuencia, la gravedad de los accidentes.
La elección de las ubicaciones para los radares no fue arbitraria; fue el resultado de un exhaustivo análisis de datos históricos de accidentes y reportes de emergencias médicas. Estas decisiones buscan priorizar las zonas con mayores tasas de colisiones y lesiones graves en los últimos cinco años. María González, directora del programa, explicó que "la distribución geográfica de los radares refleja la evidencia empírica sobre dónde ocurren los hechos más graves y el tipo de tráfico que predomina en cada sector". Este enfoque basado en datos es fundamental para asegurar la efectividad del programa y lograr una reducción tangible en la siniestralidad vial en Los Ángeles.
