El Parlamento Europeo ha dado un paso decisivo al aprobar una reforma en las normas de coordinación de la Seguridad Social en la Unión Europea, que busca mejorar la situación de los trabajadores transfronterizos. En una votación que tuvo lugar este martes en Estrasburgo, se registraron 511 votos a favor, 87 en contra y 61 abstenciones, lo que refleja un amplio respaldo a la propuesta. Esta reforma, que aún debe ser ratificada por los Estados miembros para su implementación, establece que el país donde un trabajador transfronterizo haya cotizado al menos 22 semanas será el responsable del pago de su prestación por desempleo.

Las nuevas regulaciones introducen cambios significativos en la forma en que se gestionan las solicitudes de desempleo para aquellos que han trabajado en más de un país de la UE. En particular, se aclara el cálculo de los períodos de trabajo y cotización acumulados en diferentes naciones, lo que facilitará el acceso a las prestaciones. Además, se amplía el tiempo durante el cual un trabajador puede recibir la prestación de su país de origen mientras busca empleo en otro Estado miembro, extendiendo este plazo de tres a seis meses, e incluso se contempla la posibilidad de prolongarlo hasta agotar el derecho reconocido.

Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es que busca que la responsabilidad del pago de la prestación de desempleo recaiga en la Administración del país donde el trabajador ha estado activo, en lugar de en el país de residencia, siempre que no haya realizado aportes en este último. Esta medida tiene como objetivo garantizar que los trabajadores transfronterizos reciban un trato equitativo y justo, considerando el lugar donde realmente han contribuido al sistema de seguridad social.

Por otro lado, la reforma también aborda la situación de los trabajadores desplazados temporalmente a otro país de la UE. Se establece que aquellos que sean enviados por un máximo de 24 meses mantendrán su afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen, siempre que cumplan con ciertos requisitos, como no ser un reemplazo de otro trabajador desplazado previamente y haber estado asegurados en su lugar de origen durante al menos tres meses antes del traslado. Esta medida busca proteger los derechos laborales de los trabajadores que se ven obligados a desplazarse por motivos laborales.

La lucha contra el fraude en el sistema de seguridad social también ha sido una prioridad en esta reforma. Las nuevas reglas exigen que las autoridades nacionales sean notificadas antes de que un trabajador comience su actividad en otro país miembro, aunque se han establecido excepciones para los viajes de negocios y desplazamientos cortos de hasta tres días. Esto permitirá un mayor control sobre los movimientos laborales y contribuirá a reducir las prácticas abusivas que han sido comunes en este ámbito.

Finalmente, la reforma también incluye un análisis más profundo sobre la naturaleza de las empresas que operan en múltiples países, estableciendo criterios más claros para determinar su lugar real de actividad. Esto tiene como objetivo prevenir el uso indebido de 'empresas buzón', que son aquellas que están registradas en un país con regulaciones más laxas pero que tienen poca o ninguna actividad real allí. Con estas nuevas medidas, se espera fortalecer la cooperación entre administraciones nacionales y mejorar la transparencia en el sistema de seguridad social europeo.