Un nuevo capítulo en la trágica historia del incendio que tuvo lugar en un depósito clandestino de electrodomésticos en La Plata se escribió recientemente, cuando la Justicia decidió procesar a Roxana Aloise, principal propietaria de la firma Aloise Tecno. El siniestro, que ocurrió el 19 de julio del año pasado, causó no solo la destrucción del edificio de cuatro pisos, sino que también afectó gravemente a las viviendas aledañas, dejando a varias familias en una situación desesperante. La imputación se produce tras la negativa de Aloise a declarar en la audiencia realizada este jueves, donde se esperaba que brindara su versión de los hechos.
La situación se agrava al considerar que, según los informes de la Municipalidad de La Plata, el depósito funcionaba sin la habilitación correspondiente y había sido clausurado previamente por no cumplir con las normativas de seguridad. Esto plantea un contexto alarmante sobre las prácticas empresariales en la región, donde la falta de control puede derivar en tragedias que afectan a la comunidad. A pesar de la clausura oficial, se han presentado testimonios de ex empleados que afirman que las actividades en el lugar continuaron, lo que sugiere una preocupante cultura de desobediencia a las regulaciones.
Los daños provocados por el incendio fueron significativos. La conflagración comenzó en una zona restringida del edificio, pero se propagó rápidamente hacia los niveles superiores, provocando el colapso de partes del cielorraso. Este fenómeno, causado por el humo y los gases calientes, permitió que las llamas llegaran al entretecho, donde un depósito de papeles intensificó el fuego. La escalera interna de metal del edificio facilitó aún más la propagación del incendio, lo que resultó en una devastación aún mayor.
La comunidad afectada ha expresado su frustración con el ritmo de la investigación, cuestionando la aparente lentitud de la Justicia. Una vecina que perdió su hogar durante el siniestro manifestó su descontento, sugiriendo que los poderosos parecen recibir un trato preferencial en el sistema judicial. Este sentimiento de incertidumbre se ha intensificado debido a la demora de Aloise en presentarse a declarar, lo que ha provocado un estancamiento en el avance del caso.
Mientras tanto, los vecinos perjudicados han impulsado acciones legales por daños y perjuicios contra Aloise, lo que llevó a una inhibición general de sus bienes, una medida solicitada por el fiscal Fernando Padován. Esta acción busca asegurar que los afectados puedan recibir una compensación económica por las pérdidas sufridas. La querella, que representa a las personas que se vieron perjudicadas por el derrumbe, ha realizado múltiples solicitudes para garantizar que se tomen medidas efectivas en este caso.
La investigación se basa en una serie de pericias que han permitido reconstruir los eventos que llevaron al incendio y al posterior colapso del edificio. A pesar de la falta de indicios de un incendio intencional, la acusación se sostiene en las evidencias de estrago culposo y desobediencia, lo que refleja la gravedad de la situación. Este caso no solo pone de manifiesto las deficiencias en la regulación y supervisión de establecimientos comerciales, sino que también resalta la vulnerabilidad de las comunidades que dependen de la protección del Estado para garantizar su seguridad.
