La empresa argentina IMPSA ha sellado un acuerdo con el gobierno venezolano que marca su regreso al ámbito de las obras hidroeléctricas en el país caribeño. Este entendimiento tiene como objetivo reanudar las obras en la Central Hidroeléctrica de Tocoma, así como participar en la modernización del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela, una tarea que se presenta como crucial para enfrentar la crisis energética que atraviesa la nación. El anuncio fue realizado por la oficina presidencial de Venezuela, que destacó la importancia del acuerdo para potenciar la capacidad de generación eléctrica del país.
El convenio se enfoca en completar la Central Hidroeléctrica de Tocoma, un proyecto que había quedado estancado en los últimos años debido a la falta de financiamiento y la paralización de obras. De acuerdo con el comunicado emitido, se estima que la culminación de estos trabajos permitirá sumar 2.640 megavatios a la red eléctrica venezolana, un aporte significativo considerando la actual situación de desabastecimiento de energía que enfrenta el país. Este avance podría ser un alivio para millones de venezolanos que sufren cortes constantes de electricidad.
La historia de IMPSA en Venezuela se remonta a la década de 2000, cuando la firma mendocina desarrolló varios contratos con la estatal Corpoelec. Sin embargo, esa relación se deterioró con el tiempo, afectada por la paralización de las obras y los problemas de pago que derivaron en dificultades financieras para la empresa argentina. Este nuevo acuerdo representa no solo una oportunidad para IMPSA de retomar proyectos de gran envergadura, sino también una posibilidad de reconstruir la confianza en el sector energético venezolano.
La primera fase del acuerdo prevé la reparación de turbinas en la central de Macagua y la instalación de nuevas unidades en Tocoma. Jorge Salcedo, CEO de IMPSA, había mencionado anteriormente que se busca incorporar hasta 672 megavatios de capacidad eléctrica mediante la rehabilitación de equipos existentes. Este enfoque inicial apunta no solo a rejuvenecer la infraestructura eléctrica, sino también a generar empleo y dinamizar la economía local en un contexto de crisis.
Este acuerdo internacional se produce en un momento crucial para IMPSA, que atravesó un proceso de privatización tras ser rescatada por el Estado en 2021 debido a sus problemas financieros. En enero de 2025, el gobierno argentino anunció la venta de su participación en la empresa al consorcio Industrial Acquisitions Fund (IAF), en una operación que se destacó como la primera privatización realizada durante la gestión de Javier Milei. Esta reestructuración corporativa busca aliviar la pesada carga de deuda que la compañía había acumulado.
La transacción incluyó una capitalización de 27 millones de dólares, así como la necesidad de refinanciar una deuda cercana a los 576 millones de dólares con acreedores. Anteriormente, la mayor parte de las acciones de IMPSA estaban en manos del Estado, con un 63% de propiedad nacional y un 21% de la provincia de Mendoza, lo que limitaba su capacidad de operar de manera flexible en el mercado. Con el traspaso al sector privado, la empresa tiene la oportunidad de reestructurarse y volver a ser competitiva en el ámbito energético, no solo en Argentina, sino también en el extranjero.
La relación entre IMPSA y el gobierno venezolano podría ser un pilar fundamental para el futuro de la compañía. Si bien la historia reciente está marcada por desafíos significativos, este nuevo capítulo puede ofrecer la posibilidad de revitalizar no solo a IMPSA, sino también al sistema eléctrico de Venezuela. La experiencia acumulada por la empresa en proyectos anteriores podría ser clave para implementar soluciones efectivas que ayuden a mitigar la crisis energética que afecta a millones de venezolanos.
