A medida que se acerca el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, un grupo de magistrados de diversas jurisdicciones en Argentina ha emitido un contundente pronunciamiento, en el que advierten que el modelo económico implantado durante la última dictadura militar no solo sobrevive, sino que ha encontrado nuevos caminos para manifestarse en la actual realidad del país. Esta declaración, realizada por el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), se titula “A 50 años del golpe: cuando la deuda y el hambre vuelven a ser herramientas de control”, y plantea una profunda reflexión sobre la continuidad de las políticas de control social y económico que han marcado la historia reciente.
Los magistrados sostienen que el terrorismo de Estado debe ser analizado no solo como un régimen de represión y violencia, sino también como un mecanismo para la implementación de un cambio estructural en la economía del país. En su declaración, enfatizan la alarmante tendencia a reactivar un “guion” conocido, que busca desmantelar el rol del Estado y favorecer la concentración de la riqueza en detrimento de la clase trabajadora. "El terrorismo de Estado fue, ante todo, un instrumento para imponer un modelo económico que desarticuló la industria nacional y debilitó a la clase trabajadora", afirman, subrayando la necesidad de reconocer la dimensión económica del quiebre institucional.
El análisis presentado por los jueces no se limita a un examen del pasado, sino que establece conexiones con eventos recientes de la historia argentina. Recuerdan que la consigna de "achicar el Estado para agrandar la Nación" ha llevado a consecuencias desastrosas, como el incremento del endeudamiento externo y la restricción de derechos fundamentales. Esta narrativa, que ha sido recurrente a lo largo de los años, se presenta ahora bajo nuevos discursos que, según los magistrados, intentan enmascarar la continuidad de un modelo que nunca fue completamente erradicado.
La declaración de COPAJU también hace hincapié en que el problema va más allá del ámbito económico. Los jueces advierten sobre una degradación de los vínculos sociales, marcada por la legitimación de la violencia y la creciente estigmatización de los sectores más vulnerables. "Estamos presenciando un deterioro en la cohesión social que no puede pasarse por alto; la violencia se ha normalizado y el discurso de odio se ha legitimado en la esfera pública", indican, destacando la preocupación por la falta de empatía hacia el sufrimiento de los demás.
En este contexto, el pronunciamiento retoma conceptos del papa Francisco, quien ha señalado que la crueldad se manifiesta en la falta de compasión y en la aceptación pasiva de la exclusión. Esta analogía resuena fuertemente en un momento en que las políticas públicas parecen desentenderse de las necesidades de los más desprotegidos, acentuando la crisis social y económica.
Finalmente, la declaración critica el desfinanciamiento de áreas cruciales del Estado, advirtiendo sobre los efectos devastadores que el ajuste tiene sobre jubilados, trabajadores, barrios populares y servicios esenciales. En un momento donde la economía sigue siendo un tema candente y donde la lucha por los derechos sociales se hace más necesaria que nunca, el mensaje de los jueces resuena como un llamado a la reflexión y a la acción colectiva para enfrentar la reactivación de un modelo que, aunque se intente presentar como novedoso, sigue perpetuando las injusticias del pasado.
