En un giro inesperado en el ámbito financiero uruguayo, la justicia ha decidido imputar a los propietarios de la corredora de bolsa Pérez Marexiano, Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, por su implicación en una estafa que habría perjudicado a numerosos inversores. La fiscal Sandra Fleitas ha presentado cargos de estafa y asociación para delinquir, revelando un entramado en el que los dueños de la firma habrían colaborado con un ex empleado, Ignacio González Palombo, para defraudar a sus clientes.
La corredora Pérez Marexiano había gozado de una sólida reputación en el mercado, lo que llevó a muchos inversores uruguayos a confiar sus ahorros a la empresa con la esperanza de obtener rendimientos seguros. Sin embargo, esta confianza fue traicionada cuando se descubrió que González Palombo, quien había trabajado en la firma entre 2008 y 2015, había orquestado una serie de maniobras fraudulentas que involucraban la falsificación de documentos y la captación de inversiones de manera irregular. A pesar de que los dueños de la corredora inicialmente denunciaron a González Palombo, la investigación ha puesto de manifiesto su complicidad en la estafa.
La fiscal Fleitas expuso los pormenores de la maniobra en una reciente audiencia, donde subrayó que los inversores fueron inducidos a confiar en la corredora por su prestigio y antigüedad en el mercado. A través de este esquema, los dueños de la firma presuntamente obtuvieron beneficios económicos de las actividades ilegales de González Palombo, quien había recibido instrucciones para ejecutar operaciones que involucraban sumas significativas de dinero, incluso órdenes de compra que ascendían a un millón de dólares.
González Palombo, tras ser despedido por la corredora debido a su negligencia en los aportes laborales, continuó su actividad delictiva al capacitar a nuevos empleados y captar inversiones, expandiendo su red de clientes, que incluía tanto a uruguayos como a inversores radicados en México. En 2020, formó una asociación con Tamara Taube, quien también jugó un papel clave en la captación de ahorristas desde el extranjero, lo que permitió que su esquema fraudulento creciera exponencialmente.
La Fiscalía ha presentado pruebas que sugieren que los Pérez estaban al tanto de las irregularidades cometidas por González Palombo. Se ha detallado que las decisiones sobre la apertura de cuentas eran tomadas por los dueños de la corredora, quienes además autorizaban el pago de comisiones a González Palombo cada pocos meses, a veces por montos que alcanzaban los 20 mil dólares. Estos pagos, según se ha señalado, eran considerados como “gastos propios” y se realizaban a través de transferencias bancarias o cheques.
Un aspecto crítico del caso radica en que los dueños de la corredora de bolsa no informaron al Banco Central del Uruguay sobre la actividad de González Palombo como intermediario, a pesar de ser conscientes de que sus acciones contravenían la normativa del mercado de valores. Las investigaciones revelaron que de los 652 clientes de la corredora, 107 estaban vinculados directamente con González Palombo, lo que pone de manifiesto la magnitud del fraude y la falta de control interno dentro de la empresa.
La situación plantea interrogantes sobre la regulación del sector y la necesidad de mecanismos más sólidos para proteger a los inversores. La trama de la corredora Pérez Marexiano es un recordatorio de cómo la confianza en las instituciones financieras puede ser fácilmente manipulada, lo que resalta la importancia de una supervisión efectiva y la transparencia en las operaciones del mercado de valores.
