La Justicia de la provincia de Santa Fe ha dado un paso significativo en la causa que involucra a Josué Alexis Urquia, quien fue acusado de intentar abusar sexualmente de una empleada de una mueblería en Rosario. Este incidente, que tuvo lugar en diciembre de 2022, ha generado una profunda preocupación en la comunidad local, resaltando la necesidad de abordar la violencia de género y el delito en el ámbito comercial. El hecho ocurrió en un local de muebles en la calle Mendoza al 3300, en el barrio Echesortu, donde el acusado no solo intentó llevar a cabo un ataque sexual, sino que también agredió físicamente a la víctima y le robó su teléfono celular.

Durante la audiencia de imputación, realizada el pasado martes, el juez Aldo Bilbao Benítez determinó que Urquia debería permanecer en prisión preventiva durante seis meses. Este plazo podría extenderse de manera automática si la Fiscalía presenta cargos formales antes de que finalice dicho periodo. La fiscal Julia Feldman, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, acusó a Urquia de infligir múltiples lesiones a la empleada e involucrarlo en el robo de una suma considerable de dinero, que ascendería a 100 mil pesos, que la víctima tenía en su billetera. Además, se le atribuyeron tocamientos no consentidos y amenazas durante el ataque, lo que añade gravedad a su situación legal.

Las fuentes cercanas al caso han indicado que Urquia ya se encontraba bajo custodia en una prisión de Córdoba por un robo ocurrido en esa provincia. Sin embargo, fue trasladado a Rosario específicamente para enfrentar los cargos relacionados con el ataque a la mueblería. Este movimiento refleja la agilidad del sistema judicial para tratar casos de violencia y delitos contra la integridad de las personas, aunque también pone de manifiesto la complejidad del historial delictivo de Urquia.

La investigación ha revelado que el imputado tiene una trayectoria delictiva extensa, con su huella digital vinculada a 18 identidades diferentes. Según el Registro Nacional de Reincidencia, se han detectado múltiples alias asociados a Urquia, incluyendo Enzo Fabián Barrionuevo y otros nombres que complican su perfil criminal. Este fenómeno de múltiples identidades no es inusual entre delincuentes, pero en este caso particular, la acumulación de antecedentes resalta la urgencia de políticas más efectivas de prevención y rehabilitación.

El fiscal González Raggio, a cargo del caso, ha encontrado que Urquia tiene además dos causas abiertas en las provincias de Corrientes y Formosa, así como seis condenas por delitos cometidos en Buenos Aires, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa y Córdoba. La mayoría de los delitos que se le atribuyen tienen un patrón similar: la sustracción de pertenencias de pasajeros en colectivos de larga distancia, aprovechando el descuido de las víctimas durante los viajes. Este modus operandi pone de manifiesto no solo la audacia del acusado, sino también un sistema que, a pesar de sus esfuerzos, parece no haber logrado frenar su actividad delictiva.

El caso ha resonado en la comunidad, y tras la difusión del nombre y la imagen de Urquia, han comenzado a surgir testimonios de otras posibles víctimas que han contactado al Ministerio Público de la Acusación. Este fenómeno de personas que se sienten motivadas a hablar tras la divulgación de un caso, subraya la importancia de visibilizar la violencia y el abuso, así como los efectos que estos delitos tienen en la sociedad. La respuesta de las autoridades ante este tipo de situaciones no solo debe centrarse en el castigo a los responsables, sino también en la creación de un entorno seguro que permita a las víctimas buscar justicia sin temor a represalias.

A medida que avanza la causa, la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos siguen de cerca el desarrollo de este caso, demandando justicia y una mayor protección para las víctimas de delitos similares. El desenlace de esta situación no solo es crucial para la víctima en particular, sino que también podría sentar un precedente en la lucha contra la violencia de género y el delito en el ámbito comercial.