A un año de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha expresado su apoyo incondicional a la ex presidenta mediante un mensaje publicado en sus redes sociales. En su declaración, Kicillof calificó el fallo como "una enorme infamia" y destacó que la condena fue resultado de una persecución judicial que él considera arbitraria y carente de fundamento. La condena, que derivó en la detención domiciliaria de Fernández, ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial, reflejando las tensiones existentes en la Argentina actual.
Kicillof, en su análisis sobre el fallo, subrayó que la sentencia presenta dos vicios fundamentales. En primer lugar, sostuvo que la responsabilidad por la adjudicación de obras públicas recaía en el Ministerio de Planificación y no en la presidencia. En segundo lugar, argumentó que la condena se basa en la falta de pruebas directas que vinculen a Fernández con la supuesta irregularidad, sustentándose en una presunción lógica que, a su juicio, resulta "jurídicamente absurda". Este razonamiento, que implica que una persona en su posición debería haber estado al tanto de las irregularidades, socava el principio de presunción de inocencia, esencial en cualquier sistema judicial.
El gobernador también amplió sus críticas en una entrevista con Radio 10, donde reiteró que la condena a Cristina fue el resultado de un proceso judicial que se había gestado durante años, caracterizado por la falta de pruebas concretas. Kicillof afirmó que el argumento utilizado para condenar a la ex presidenta, que implicaba que "no podía no saber" sobre los supuestos delitos, era prácticamente un acto de fe sin sustento jurídico. Para Kicillof, no existen evidencias que justifiquen la condena y, por ende, no hay fundamentos válidos para responsabilizar a Fernández de actos delictivos que, según él, nunca ocurrieron.
Además, el gobernador cuestionó la legalidad de otras causas judiciales que han sido impulsadas contra figuras del kirchnerismo, señalando que se trata de casos de pura persecución política, carentes de argumentos sólidos desde el punto de vista jurídico. Kicillof aclaró que este tipo de acciones tienen como objetivo deslegitimar a los líderes opositores y silenciar las voces disidentes, lo cual pone en riesgo la salud democrática del país.
En su mensaje, Kicillof también hizo hincapié en el clima de hostilidad que se ha instalado en el país, mencionando que la persecución no solo afecta a Fernández, sino también a su familia. En este contexto, recordó el intento de asesinato que sufrió la ex presidenta en septiembre de 2022, un hecho que marcó un antes y un después en la política argentina. A su juicio, la falta de avances en la investigación sobre el atentado evidencia la ineficacia del sistema judicial para hacer frente a situaciones de violencia política.
Finalmente, Kicillof trazó un paralelismo entre la condena judicial a Cristina y las actuales políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei. El gobernador sostiene que los mismos intereses que han impulsado la persecución contra Fernández de Kirchner son los que ahora sostienen un modelo económico que, según él, resulta perjudicial para los sectores más vulnerables de la población. En este sentido, Kicillof advirtió que la capacidad de representación de los sectores populares está en juego, así como la propia esencia de la democracia argentina, que se ve amenazada por estas prácticas de amedrentamiento y discriminación política.
