El Gobierno nacional ha decidido implementar un ajuste en las tarifas de colectivos y trenes que operan bajo su jurisdicción, con incrementos que alcanzan hasta un 18% mensual. Esta medida será efectiva a partir del próximo lunes y se enmarca dentro de un proceso de actualización de tarifas que busca mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte público. Para ello, se ha habilitado una Instancia de Participación Ciudadana, donde los usuarios y otros sectores interesados podrán expresar sus opiniones respecto a los nuevos cuadros tarifarios, disponible durante tres días hábiles a través de la web de la Secretaría de Transporte.
La propuesta de ajuste abarca tanto los servicios de transporte automotor urbano y suburbanos como el sistema ferroviario nacional. Según lo establecido en la Resolución 26/2026, firmada por el secretario de Transporte, Mariano Plencovich, se prevén incrementos escalonados y progresivos en las tarifas. Este enfoque no solo busca actualizar los precios, sino también reestructurar el financiamiento del sistema, que ha estado sufriendo un atraso significativo en los últimos años.
Para los usuarios de colectivos que utilizan la tarjeta SUBE registrada, el boleto mínimo pasará de $700 a $714, lo que representa un aumento del 2%. Este ajuste se aplicará en tres etapas, comenzando el 18 de mayo, con nuevas subas programadas para el 15 de junio y el 15 de julio, también de un 2% cada una. Aquellos que acceden a la Tarifa Social verán un costo de $321,30, mientras que los pasajeros sin la tarjeta registrada deberán abonar una tarifa de $1.428, lo que refleja las disparidades en el acceso al transporte.
En comparación con los precios vigentes en otras áreas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Gobierno ha señalado que, a pesar de estos aumentos, las tarifas nacionales seguirán siendo más bajas. Actualmente, el costo del boleto en la Ciudad de Buenos Aires es un 5,6% más alto, y en la provincia de Buenos Aires, la diferencia se eleva al 35,7%. Esto resalta la necesidad de un enfoque más equitativo en la fijación de tarifas, considerando la capacidad económica de los usuarios de diferentes jurisdicciones.
En paralelo a los incrementos en el transporte automotor, se prevé una actualización significativa en las tarifas ferroviarias. Esta medida responde a un contexto en el que la tarifa cubría apenas el 2% del costo operativo a finales de 2023, lo que ha llevado al Gobierno a argumentar que es crucial corregir este desfase. El plan contempla cinco aumentos progresivos en las tarifas de trenes, donde el costo mínimo para las líneas metropolitanas del AMBA, como la Línea Sarmiento y Línea Roca, se elevará de $280 a $330 para quienes cuenten con la SUBE registrada.
Por su parte, los beneficiarios de la Tarifa Social pagarán $148,50, mientras que aquellos sin la tarjeta registrada enfrentarán tarifas mucho más elevadas, pagando el doble de la tarifa normal, es decir, $1.100. Este incremento ha sido calificado como un paso necesario hacia un sistema de transporte más eficiente y menos dependiente de subsidios estatales, lo que podría contribuir a una mejora en la calidad del servicio y su sostenibilidad a largo plazo.
Esta serie de aumentos, aunque se presentan como una necesidad económica, también han generado preocupación entre los usuarios, quienes ven en estos ajustes una carga adicional en sus economías personales. La implementación de estas medidas se da en un contexto de alta inflación y dificultades económicas, lo que plantea un desafío para el Gobierno: equilibrar la necesidad de financiamiento del transporte público con la capacidad de pago de los ciudadanos. Se espera que la consulta pública habilitada pueda ofrecer un espacio para que la ciudadanía se exprese y posiblemente influya en futuras decisiones tarifarias.
