En el contexto social argentino, el año 2025 dejó un panorama sombrío en lo que respecta a la violencia de género. Según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, se registró un femicidio cada 35 horas, una cifra desgarradora que se mantuvo también al iniciar el 2026. Este alarmante incremento revela no solo la persistencia de la violencia estructural hacia las mujeres, sino también una profunda crisis en la respuesta del Estado ante esta problemática.
Uno de los aspectos más preocupantes de esta situación es la falta de recursos destinados a la atención de las víctimas. La Línea 144, un servicio esencial para quienes sufren violencia de género, no cuenta con un presupuesto específico y ha sufrido una reducción del 45% en la cantidad de operadoras disponibles para brindar asistencia. Esta disminución no solo limita el acceso a ayuda inmediata, sino que también pone en riesgo la vida de muchas mujeres que buscan apoyo tras situaciones de abuso, acoso o amenazas.
El recorte en programas destinados a combatir la violencia de género ha sido drástico: se estima que ha habido un ajuste global del 86,5% en comparación con 2023. Este hecho no pasó desapercibido, y el 9 de marzo, durante las movilizaciones en Buenos Aires por el Día Internacional de la Mujer, miles de personas salieron a las calles para protestar contra estas políticas que desatienden las necesidades de las víctimas. La situación se torna aún más crítica en un contexto donde las mujeres ya enfrentan numerosas desigualdades y obstáculos para acceder a servicios básicos.
La médica Mabel Bianco, presidenta de la Fundación de Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), ha expresado su preocupación por el retroceso en los derechos humanos en el país. Bianco sostiene que, a pesar de algunos avances logrados en años anteriores, las mujeres argentinas están perdiendo el acceso a la justicia y a la salud sexual y reproductiva. La falta de interés y recursos en muchas provincias contribuye a un estado de abandono que se traduce en un aumento de embarazos forzados y abortos inseguros, especialmente entre niñas menores de 15 años.
Además, la médica advierte sobre el alarmante aumento de la mortalidad infantil neonatal y materna, lo que refleja un deterioro en los servicios de salud relacionados con el embarazo y el parto. Estos datos indican que, lejos de mejorar, la situación de las mujeres en Argentina está empeorando, lo que exige una respuesta urgente y efectiva de parte del Estado. La ausencia de educación sexual integral en las escuelas también agrava el problema, dejando a las jóvenes desinformadas y sin recursos para tomar decisiones informadas sobre su salud y bienestar.
Por su parte, la periodista Silvina Molina ha destacado la falta de respuesta institucional ante las demandas de ayuda de las víctimas de violencia de género. Según su testimonio, el Estado no solo deja a las mujeres a su suerte, sino que también ignora las distintas realidades que enfrentan según su contexto socioeconómico y geográfico. Las mujeres más vulnerables, muchas de ellas en situaciones de pobreza extrema, se ven obligadas a lidiar con la escasez de recursos y la falta de información sobre cómo acceder a la ayuda necesaria.
La responsabilidad del Estado en esta crisis es ineludible. La ausencia de un sistema que garantice la protección y el apoyo a las víctimas de violencia de género pone en riesgo no solo sus vidas, sino también el bienestar de sus familias. En un país donde la lucha por los derechos de las mujeres ha sido histórica, la actual situación exige un cambio radical en las políticas públicas, así como un compromiso firme para garantizar que todas las mujeres puedan vivir libres de violencia y con acceso a los servicios que necesitan. Sin una acción decidida y coordinada, el retroceso en los derechos de las mujeres seguirá siendo una triste realidad en Argentina.
