La Legislatura de Córdoba ha dado un paso significativo en la regulación del espacio público al aprobar una reforma al Código de Convivencia. Esta modificación, ratificada el miércoles, busca sancionar y prohibir actividades que afectan la seguridad y el orden en la vía pública, tales como el ejercicio ilegal de cuidacoches, la oferta no autorizada de servicios de limpieza de vidrios y la realización de picadas vehiculares. Con esta medida, el gobierno provincial intenta abordar problemáticas de convivencia ciudadana que han sido objeto de creciente preocupación en la comunidad.
La nueva normativa, que comenzará a regir en un plazo de 30 días, introduce penas de arresto de hasta seis días para quienes, sin la debida autorización municipal, soliciten dinero por el estacionamiento de vehículos, y de tres días para aquellos que excedan las tarifas oficiales o realicen su actividad en zonas no habilitadas. Esta regulación se extiende también a los limpiavidrios, quienes enfrentarán sanciones similares si ofrecen sus servicios en la vía pública sin el correspondiente permiso, creando un marco claro para la actuación de las autoridades frente a estas prácticas.
Uno de los aspectos más relevantes de esta reforma es la consideración de agravantes para ciertas conductas. La normativa contempla penas más severas para quienes reincidan en estas prácticas, actúen en grupos, utilicen menores o exploten a personas vulnerables. Además, la regulación incluye un enfoque especial hacia la problemática de las “picadas”, actividades vehiculares no autorizadas que han cobrado notoriedad en los últimos años, estableciendo castigos que pueden llegar a los 10 días de trabajo comunitario o arresto y la posibilidad de duplicar las sanciones en el caso de eventos masivos.
La aprobación de esta ley, con una votación de 51 a favor y 19 en contra, refleja un amplio respaldo del oficialismo, aunque ha encontrado resistencia en sectores como el juecismo, el liberalismo y la izquierda. Estos grupos han expresado sus objeciones, argumentando que la medida puede ser excesiva y que no aborda adecuadamente las causas subyacentes de estas actividades. No obstante, el gobierno sostiene que la reforma es necesaria para mejorar la convivencia en la ciudad y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Otro aspecto a destacar es el nuevo régimen de investigación contravencional establecido por la reforma. Este régimen asigna al Ministerio Público Fiscal la responsabilidad de llevar a cabo las investigaciones, mientras que la Policía se limitará a verificar hechos y a ejecutar medidas preventivas urgentes. Además, se han fijado plazos más cortos para la resolución de los casos, lo que podría acelerar el proceso judicial y permitir una respuesta más rápida ante las infracciones.
La ley aborda también el consumo de alcohol y otras sustancias en la vía pública, estableciendo sanciones no solo para la ingesta en lugares prohibidos, sino también para aquellos que se encuentren en estado de ebriedad o intoxicación y generen disturbios. Este enfoque busca prevenir situaciones que pueden desencadenar violencia o desorden en la comunidad, otorgando a la Policía la autoridad para intervenir de manera preventiva ante posibles escaladas de conflicto.
En respuesta a inquietudes planteadas por la Iglesia Católica, la normativa prevé la creación de programas de capacitación y reinserción social para cuidacoches y limpiavidrios no registrados. A pesar de que los detalles específicos sobre estos programas no se encuentran claramente delineados en el texto legal, se espera que contribuyan a la inclusión social de estos trabajadores, brindándoles oportunidades para mejorar su situación laboral y social. En definitiva, esta reforma al Código de Convivencia busca no solo sancionar, sino también ofrecer alternativas que fomenten una convivencia más armónica en Córdoba.
