El sistema judicial argentino ha tomado una decisión importante en torno a la muerte de Daiana Abregú, un caso que ha conmovido a la sociedad y generado un intenso debate en la provincia de Buenos Aires. La oficial de policía Vanesa Soledad Núñez fue condenada por su papel en la trágica muerte de la joven, hallada sin vida en una celda de la comisaría de Laprida el 5 de junio de 2022. El veredicto fue emitido por el Juzgado en lo Correccional N° 1 de Azul, el cual impuso a Núñez una pena de dos años de prisión de ejecución condicional, además de cuatro años de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La sentencia se basa en la determinación del tribunal de que Núñez incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según los detalles del fallo, la oficial tenía la responsabilidad de custodiar a Abregú durante el periodo crítico entre las 13 y las 18 horas, periodo en el cual la joven pudo quitarse la vida sin que se tomaran las medidas necesarias para prevenirlo. Este hecho ha suscitado una profunda reflexión sobre las responsabilidades que conlleva el servicio policial y la obligación de garantizar la vida y la integridad de los detenidos.

Los antecedentes del caso revelan que Daiana Abregú fue arrestada por desórdenes en la vía pública, un hecho que no anticipaba la tragedia que se avecinaba. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue asfixia mecánica por ahorcadura, utilizando su propia campera de jean, la cual ató a una reja de la celda. Este dato escalofriante resalta la importancia de la vigilancia y el control en los lugares de detención, donde la desatención puede tener consecuencias fatales.

Durante el juicio, la defensa de Núñez argumentó en favor de su absolución, pero el tribunal dejó en claro que la falta de atención por parte de la oficial fue un factor crucial en el desenlace de la situación. La declaración de Núñez, quien admitió haber estado sentada en su escritorio sin observar a la detenida durante intervalos de entre cinco y diez minutos, fue un aspecto determinante en la decisión del tribunal. Peritajes realizados por la Policía Científica corroboraron que la ubicación de Núñez no le permitía tener visibilidad sobre el área donde se encontraba Abregú, lo que hacía aún más imperativo que se levantara periódicamente para realizar controles.

El juez a cargo del caso enfatizó que un monitoreo efectivo y sistemático habría permitido detectar las acciones de Abregú y, potencialmente, prevenir su muerte. Sin embargo, el tribunal desestimó la posibilidad de calificar el hecho como un homicidio culposo, argumentando que cambiar la imputación original podría haber afectado el derecho a la defensa de la acusada. Esta decisión ha generado descontento entre los familiares de la víctima, quienes sostenían la teoría de un homicidio, aunque el abogado de la querella reconoció que las pruebas no lograron demostrar dicha hipótesis, lo que llevó a la decisión de no apelar la sentencia.

Las peticiones sobre la condena variaron durante el juicio. La Comisión Provincial por la Memoria solicitó una pena de cinco años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación, mientras que el fiscal José Ignacio Calonje propuso una pena más leve, de un año de prisión condicional. Por su parte, la defensa abogó por la absolución de Núñez, lo que refleja la complejidad de este caso y las diferentes perspectivas que se han presentado en torno al mismo.

Es relevante recordar que al inicio de la causa, cinco policías fueron imputados por homicidio agravado, aunque cuatro de ellos fueron sobreseídos en la fase de instrucción, dejando a Núñez como la única que llegó a juicio oral. A pesar de la condena, la defensa de la oficial ha manifestado su intención de recurrir la decisión, lo que deja abierta la posibilidad de que este caso continúe generando controversia y debate en el ámbito judicial y social.

La condena de Núñez representa una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad en el ejercicio de la función pública y la protección de los derechos humanos, especialmente en contextos de privación de libertad. La muerte de Daiana Abregú no debe ser solo un hecho aislado, sino un llamado de atención para que las autoridades garanticen condiciones adecuadas y seguras en los lugares de detención, evitando que tragedias como esta se repitan en el futuro.