En el marco de la investigación que busca desentrañar la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita ha convocado a cinco testigos, entre los cuales se encuentra Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que se vieron involucradas en la compra de un departamento en el barrio de Caballito. Esta citación se da en un contexto de creciente revisión sobre las operaciones inmobiliarias que vinculan a funcionarios del gobierno actual con propiedades de notable valor.

La aparición del nombre de Feijoo surge tras un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina en la inmobiliaria Rucci, la cual fue responsable de la comercialización del inmueble ubicado en la calle Miró al 500. Este departamento fue adquirido por las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, quienes previamente habían comprado el bien al exfutbolista Hugo Morales. La conexión de Feijoo con esta transacción es central, ya que se presume que él fue quien reservó el inmueble que posteriormente sería comprado por su madre, lo que ha despertado el interés de la justicia para esclarecer los detalles de la operación.

Pablo Feijoo deberá presentarse ante la justicia el próximo 22 de abril en Comodoro Py, donde se espera que aporte información relevante sobre el proceso de compra y la relación entre las partes involucradas. La investigación se centra en cómo el departamento terminó en manos de Adorni, y qué implicancias pueden tener las conexiones personales y profesionales en este entramado. La expectativa es que su testimonio ayude a dilucidar la legitimidad de la transacción y la forma en que se llevó a cabo.

En la misma línea, la escribana Adriana Nechevenko, quien ha trabajado con Adorni, declaró recientemente que el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, adquirieron el departamento de Caballito mediante un pago inicial de 30.000 dólares, complementado por un financiamiento de 200.000 dólares a un año, sin intereses. Esta modalidad de compra ha generado interrogantes sobre la procedencia de los fondos y las condiciones de la operación, elementos que el fiscal Pollicita busca aclarar en el marco de la causa.

La investigación no solo se limita a la declaración de Feijoo, sino que también incluye a otros testigos clave. Los propietarios de la inmobiliaria Rucci, Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi, están convocados para declarar el 20 de abril. Su testimonio podría aportar una visión más clara sobre el funcionamiento de la inmobiliaria y su rol en esta operación, así como las circunstancias que rodearon la transacción entre las jubiladas y la compra posterior por parte de Adorni.

Finalmente, el encargado del edificio de la calle Miró, conocido como Juan, y Juan Ernesto Cosentino, quien vendió al matrimonio Adorni una casa en el country Indio Cuá en Exaltación de la Cruz, también fueron llamados a declarar. La audiencia de Cosentino está programada para el 27 de abril. A medida que avanza la investigación, las conexiones y los detalles de cada testimonio se vuelven fundamentales para entender el entramado de propiedades y la forma en que funcionarios públicos han manejado sus patrimonios en medio de un clima de creciente escrutinio público.

Con estos nuevos desarrollos, la causa sigue en evolución, y se espera que las próximas audiencias arrojen más luz sobre un tema que ha tomado relevancia en el ámbito político y social del país. La transparencia en la gestión de los funcionarios y sus vínculos con el sector inmobiliario es un aspecto que la ciudadanía sigue con atención, en un contexto donde la ética pública es un tema de debate constante.