En una carta de lectores, Alejando N. Sala cuestionó el accionar de jueces que, según sostuvo, dejan de aplicar normas vigentes cuando no coinciden con sus disposiciones. El autor calificó esta conducta como una “subversión judicial” y advirtió que podría generar consecuencias negativas para el funcionamiento institucional y la convivencia social.
Sala se refirió en particular a la decisión de la jueza De Marinis, a quien atribuyó el incumplimiento de la ley penal juvenil. Aclaró que no está seguro de que esa legislación sea acertada, aunque consideró que, mientras una norma continúe vigente, debe ser aplicada de manera estricta por los magistrados.
El lector sostuvo que los jueces no tienen la facultad de decidir qué leyes aplicar según su propia valoración sobre la actuación del Congreso. En ese sentido, planteó que quienes procedan de ese modo deberían ser sancionados y que, ante una eventual reincidencia, podría evaluarse incluso su destitución.
Según su planteo, si un magistrado considera que una ley debe modificarse o anularse, debería recurrir a los canales institucionales correspondientes. Mientras tanto, afirmó, la norma debe ejecutarse, ya que la discrecionalidad judicial podría convertir la arbitrariedad en una regla de convivencia.
