El 11 de noviembre de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la condena a Julio De Vido por su papel en la Tragedia de Once, dictando su prisión por cuatro años y una inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en el caso conocido como “Once II”. La justicia determinó que De Vido, como responsable de los contratos ferroviarios, permitió el mal uso de fondos públicos por parte de la concesionaria TBA, que operaba el Sarmiento el 22 de febrero de 2012, cuando una formación se estrelló en la estación Once, resultando en la muerte de 51 personas y dejando a 789 heridos.

Ese mismo día, 14 años después del trágico accidente, el ferrocarril Sarmiento descarriló en Liniers, provocando heridas a 19 pasajeros. Esta coincidencia trajo a la memoria de millones de argentinos la mañana fatídica en que el Sarmiento se convirtió en un peligro mortal para quienes dependen de él a diario. En promedio, 250.000 personas utilizan esta línea ferroviaria cada día laboral, lo que refleja la importancia de garantizar su seguridad.

Al día siguiente de la tragedia, el entonces secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, minimizó el incidente al calificarlo de “accidente” y argumentar que el comportamiento de los pasajeros, que a menudo se agolpan en los primeros vagones, contribuyó al desastre. En 2018, Schiavi fue condenado a ocho años de prisión por su responsabilidad en el caso, aunque logró la libertad condicional en 2022. De los 22 condenados en total por la Tragedia de Once, solo De Vido permanece tras las rejas, mientras otros cumplen sus penas en prisión domiciliaria.