Lidia Mabel Ojeda, de 43 años, ha sido acusada de ejercer la medicina de manera ilegal en la provincia de Chaco, Argentina, haciendo pasar su formación secundaria completa como suficiente para atender a pacientes en un hospital. Desde agosto de 2024 hasta abril de 2026, esta mujer se presentó como médica en el hospital Emilio F. Rodríguez de Quitilipi, utilizando una matrícula que no le correspondía. La situación ha generado una gran conmoción en la comunidad, ya que se estima que más de 1.200 personas fueron atendidas por ella durante su paso por el establecimiento, lo que plantea serias preguntas sobre la seguridad y la regulación del ejercicio médico en el país.
La investigación, dirigida por el fiscal Marcelo Soto, ha revelado detalles alarmantes sobre la atención que Ojeda brindaba. La imputación incluye cargos de usurpación de títulos, ejercicio ilegal de la medicina y homicidio con dolo eventual, tras la muerte de un paciente de 63 años, Lorenzo Blanco. Este hombre había llegado a la guardia con síntomas preocupantes, como molestias en el pecho y calambres en el brazo izquierdo. Según su hijo, la respuesta de Ojeda fue inadecuada: recomendó paracetamol y reposo, lo que resultó en la trágica muerte del hombre horas más tarde.
Los testimonios de otros pacientes y sus familiares han comenzado a acumularse, y muchos han denunciado que Ojeda minimizaba sus síntomas. Frases como “Es normal, ya se te va a pasar” y “Esto iba a pasar” han sido citadas en el contexto de la atención que brindaba, lo que ha llevado a que la prensa local la apode como “la Rímolo chaqueña”. Este apodo hace alusión a la famosa médica argentina que también fue objeto de controversias. La gravedad de las acusaciones y el impacto en la comunidad han hecho que el caso cobre relevancia mediática y social.
El abogado Daniel Acosta, que representa a varios grupos familiares de pacientes que fueron atendidos por Ojeda, ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de que surjan más casos. Según su perspectiva, el número de víctimas podría aumentar, dado que muchas personas no han denunciado por miedo o desconfianza en el sistema. Acosta ha advertido que el impacto de este caso podría ser histórico, dado el número de pacientes y las implicancias legales que conlleva la situación.
La crisis se desató a finales de abril, cuando el exdirector de la Región Sanitaria II, Orlando Di Nubila, presentó una denuncia formal contra Ojeda por ejercer la medicina sin la matrícula correspondiente. Este aviso no surgió de un simple rumor, sino de observaciones dentro del sistema de salud, donde algunos empleados comenzaron a notar irregularidades en el desempeño de la falsa médica. Di Nubila ha señalado que sus colegas se dieron cuenta de que Ojeda carecía de la capacitación necesaria para cumplir con su rol, lo que se evidenció en varias situaciones críticas.
Uno de los episodios que evidenció las falencias de Ojeda ocurrió durante un evento deportivo, la Copa Indunor, donde se registraron incidentes que requerían atención médica. En esa ocasión, fueron las enfermeras quienes tuvieron que asumir responsabilidades que deberían haber correspondido a Ojeda, lo que llevó a más cuestionamientos sobre su idoneidad. Además, la investigación ha sacado a la luz que Ojeda había trabajado en otros hospitales, como el de Presidencia de la Plaza, lo que amplía el ámbito de su actuar ilegal y la responsabilidad del sistema de salud en la supervisión de sus profesionales.
Este caso no solo pone en tela de juicio la formación y regulación de los profesionales de la salud en Argentina, sino que también plantea interrogantes sobre la vigilancia que ejerce el sistema sobre quienes se presentan como médicos. La comunidad afectada exige respuestas y se espera que este escándalo se traduzca en cambios significativos en la normativa que regula el ejercicio de la medicina en el país, para evitar que situaciones tan graves y potencialmente letales vuelvan a ocurrir.
