En el contexto actual, uno de los grandes desafíos que enfrenta la bioética es cómo determinar el valor de la vida humana desde la concepción. El debate se centra en si un hijo debe ser recibido como un ser único, con dignidad inherente, o si se le considera un producto que puede ser seleccionado y diseñado de acuerdo a las preferencias de los padres. A diferencia de la eugenesia del pasado, que estaba intrínsecamente ligada al Estado y a conceptos como la pureza racial, la nueva eugenesia se presenta bajo el manto de la autonomía reproductiva y el consentimiento informado, utilizando un lenguaje que parece más liberador pero que oculta tensiones éticas profundas.

Las modernas técnicas de reproducción asistida han evolucionado para ofrecer a los padres la posibilidad de elegir características de sus hijos, apoyadas por clínicas especializadas y herramientas tecnológicas avanzadas, como algoritmos predictivos. Esta transformación ha llevado a que la eugenesia ya no dependa de la intervención estatal ni de políticas públicas coercitivas. En su lugar, se manifiesta a través de publicidad, contratos y la ilusión de libertad, mientras subyace una presión sobre los principios que defienden la dignidad humana, como los establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO.

El deseo de tener hijos sanos es un anhelo natural y legítimo, sin embargo, el problema surge cuando se empieza a tratar la vida como una mercancía y se confunden conceptos como sanar y optimizar. La distinción entre prevenir enfermedades y seleccionar características se vuelve borrosa; cuidar de un hijo puede transformarse en un proceso de descarte de aquellos que no cumplen con ciertos estándares. Este enfoque plantea serias preguntas sobre el papel de la ética en la medicina y la responsabilidad que tienen los padres en la crianza de sus hijos en un mundo donde cada vez más se busca diseñar a la persona ideal.

El diagnóstico genético preimplantacional (DGP) se presenta como una herramienta que permite identificar patologías genéticas graves, pero su alcance ha comenzado a expandirse hacia la predicción poligénica. Este avance permite a los padres evaluar riesgos asociados a múltiples genes que podrían influir en características como la salud mental, la obesidad, e incluso la inteligencia. Sin embargo, el uso de esta tecnología para clasificar a los embriones en función de probabilidades de éxito en distintas áreas plantea serias cuestiones éticas sobre la naturaleza de la vida y el valor que le otorgamos.

En Argentina, el marco legal que rige la reproducción asistida se encuentra aún en desarrollo. La Ley 26.862, aunque permite el acceso a técnicas de reproducción asistida, no regula adecuadamente el uso del DGP ni la selección de embriones por características no terapéuticas. Esta falta de claridad legal deja a los padres y a los profesionales de la salud en una zona gris, donde las decisiones sobre la manipulación genética y el estatus jurídico de los embriones quedan a la deriva, sin un marco claro que guíe estas prácticas.

El Código Civil y Comercial de la Nación también revela esta deuda pendiente, ya que su legislación se enfoca en la concepción vinculada al embarazo o implantación, dejando de lado la protección del embrión extracorpóreo no implantado. Esta situación ha llevado a que cuestiones cruciales sean resueltas de forma arbitraria, dependiendo más de fallos judiciales o presiones individuales que de un debate público informado. La jurisprudencia, como en el caso L., E. H. y otros c/OSEP (2017), ha comenzado a reflejar esta problemática, evidenciando la necesidad urgente de una regulación que aborde de forma integral el futuro de la genética y la reproducción en el país, garantizando así que la dignidad y los derechos de todos los involucrados sean respetados.