La justicia de la provincia de Buenos Aires ha determinado que una municipalidad de la Zona Oeste deberá indemnizar con más de dos millones de pesos a una mujer que, tras someterse a una intervención quirúrgica, sufrió la retención de una aguja en su abdomen. Este caso resalta la importancia de la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios médicos y pone de manifiesto las consecuencias de la mala praxis en el ámbito sanitario.
La paciente, que se presentó junto a su abogado en el año 2021, reclamó una reparación por los daños y perjuicios sufridos a raíz de un episodio que se catalogó como mala praxis médica. El 23 de febrero de 2020, la mujer fue ingresada en un policlínico debido a intensos dolores abdominales, síntomas que fueron diagnosticados como compatibles con un cuadro de peritonitis. Luego de ser sometida a una cirugía laparoscópica, recibió el alta a los pocos días, aunque los problemas de salud no tardaron en volver.
A pesar de haber sido dada de alta, la mujer continuó sintiendo molestias en la zona operada, con episodios de dolor y pinchazos que afectaban su calidad de vida. Ante la gravedad de su situación, decidió acudir a otro profesional médico, quien, tras realizar estudios de imagen, descubrió la presencia de un cuerpo extraño en su abdomen. Una radiografía, realizada el 13 de marzo de 2020, reveló que se trataba de una aguja quirúrgica que había quedado en su organismo, lo que llevó a la paciente a sospechar de un descuido por parte del equipo médico que la había operado.
Ante esta situación, la mujer se vio obligada a considerar una nueva operación para la extracción de la aguja, lo que la llevó a presentar inicialmente un reclamo administrativo frente a la municipalidad. Sin embargo, al no recibir respuesta satisfactoria, decidió iniciar acciones legales. En su defensa, la municipalidad argumentó que el procedimiento inicial se había llevado a cabo correctamente y que la paciente había tenido una evolución favorable posoperatoria, según los registros clínicos.
Durante el proceso judicial, la municipalidad intentó minimizar la situación, sugiriendo que la aguja podría haber sido introducida en el abdomen de la paciente por otro medio y cuestionó la existencia de un daño real atribuible a su servicio. Sin embargo, el tribunal ordenó la realización de una pericia médica, la cual fue realizada en mayo de 2022. En el informe, se confirmó la presencia de una imagen compatible con una aguja quirúrgica, ubicada en el tejido subcutáneo del abdomen, y se recomendó su extracción para evitar complicaciones como infecciones o desplazamientos.
El fallo, emitido por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n.º 1 de La Matanza, se basó en un análisis exhaustivo del marco jurídico correspondiente, citando la Ley Nacional 26.944 sobre responsabilidad del Estado, dado que no existía una norma provincial específica que regulase esta situación. El juez argumentó que el Estado tiene la obligación de reparar los daños que surgen de sus servicios públicos y que la falta de un servicio adecuado constituye un factor de atribución en el derecho público. La sentencia reafirma la importancia de garantizar la calidad en la atención médica y el compromiso del Estado de velar por la salud de sus ciudadanos, resaltando que la justicia tiene un papel fundamental en la protección de los derechos de las personas frente a actos de negligencia en el ámbito sanitario.
