La fiscalía ha decidido intensificar la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mediante la solicitud de informes a diversas entidades, incluyendo la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y registros patrimoniales. El fiscal Gerardo Pollicita está interesado en analizar la evolución del patrimonio de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, desde el año 2012, en un contexto donde las inversiones en criptomonedas han cobrado relevancia y notoriedad en los últimos años. Esta indagación se centra no solo en los ingresos y activos del funcionario, sino también en su relación con el fenómeno del Bitcoin y las transacciones que ha realizado en este ámbito.

En particular, Pollicita ha solicitado datos que permitan reconstruir los ingresos de Angeletti, ya que se presume que el patrimonio familiar se ha incrementado de manera considerable en los últimos años. Esta medida responde a la necesidad de esclarecer si las fuentes de ingreso del matrimonio son coherentes y justificadas, especialmente en un contexto en el que el uso de criptomonedas puede presentar desafíos en términos de transparencia y rastreabilidad. La investigación se adentra en un terreno donde la especulación financiera y el manejo de activos digitales se entrelazan con la vida pública y las responsabilidades de un funcionario de alto rango.

Adorni ha declarado un aumento patrimonial de más de 500.000 dólares, argumentando que esta cifra proviene de inversiones realizadas en Bitcoin entre 2013 y 2018, destacando su incursión en el mercado de criptomonedas durante 2014. Sin embargo, esta afirmación será objeto de un exhaustivo escrutinio, dado que los investigadores están revisando el valor del Bitcoin en el momento en que Adorni dice haber comenzado a invertir y la evolución de dicho activo en los años posteriores. La fiscalía busca confirmar la veracidad de sus declaraciones, así como la legalidad de las transacciones realizadas.

El fiscal también está en proceso de reunir material audiovisual y exposiciones públicas de Adorni, en las que se menciona el Bitcoin y su funcionamiento. En una de sus entrevistas durante la pandemia, Adorni reveló que había tomado contacto con el Bitcoin entre 2014 y 2015, lo que abre un abanico de interrogantes sobre su conocimiento y experiencia en el ámbito de las criptomonedas. Se han encontrado registros en redes sociales donde el jefe de Gabinete manifiesta dudas sobre la viabilidad de las criptomonedas como opción de inversión, lo que contrasta con su posterior declaración de haber realizado inversiones significativas en este sector.

La Oficina Anticorrupción ha proporcionado las declaraciones juradas solicitadas por el fiscal, aunque se ha reservado el anexo relacionado con Angeletti, ya que este documento no fue presentado por Adorni. Esto ha generado suspicacias y un creciente interés por parte de los investigadores, quienes ahora analizan la declaración jurada de 2025, así como las rectificaciones que Adorni ha presentado. Se están señalando posibles inconsistencias que el funcionario deberá aclarar en el futuro, incluyendo la propiedad de las billeteras digitales en las que supuestamente se realizan las transacciones.

Adorni ha reconocido haber omitido ingresos en sus declaraciones juradas por un monto cercano a los 500.000 dólares, los cuales, según él, derivan de su inversión y ganancias en Bitcoin antes de asumir su cargo en el gobierno. Esta admisión ha generado un debate sobre la naturaleza de su enriquecimiento, ya que el marco legal establece que es responsabilidad del imputado demostrar que su patrimonio no ha aumentado de manera ilícita. Los investigadores han comenzado a analizar la documentación, y preliminarmente, sostienen que los ingresos que ha declarado Adorni no son suficientes para justificar sus gastos y deudas, lo cual complica su situación ante la ley.

Uno de los elementos más relevantes en esta investigación será el informe que emita la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que se encargará de evaluar si existen discrepancias entre los ingresos que Adorni ha declarado y el nivel de gastos o la adquisición de bienes que ha realizado. La complejidad del caso radica en la intersección entre finanzas públicas y el mundo de las criptomonedas, un área que requiere un enfoque riguroso y meticuloso para garantizar la transparencia y la justicia en el manejo de los recursos públicos.