El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 ha convocado a 29 individuos, entre ellos el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, para que se presenten a indagatoria. Esta citación se enmarca en una investigación que busca desentrañar un presunto esquema de corrupción que habría desviado recursos públicos destinados a la asistencia de personas con discapacidad. La causa, impulsada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, revela un entramado que podría haber generado pérdidas de más de $75.000 millones al erario público.
El cronograma de audiencias está previsto entre el 28 de abril y el 26 de mayo, e incluye la ampliación de testimonios de cinco personas que ya se encuentran procesadas. Estos testimonios son cruciales para la causa, ya que abarcan no solo a Spagnuolo, sino también a otros funcionarios de la ANDIS, como Daniel María Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Miguel Ángel Calvete, un supuesto lobbista vinculado a laboratorios y droguerías. La complejidad de la investigación radica en la amplia red de complicidades que, según se sostiene, operaba al margen de la ley.
El juez Ariel Lijo ha señalado la gravedad de las maniobras ilegales en las que se habrían visto involucrados los acusados, describiendo un sistema que habría permitido la generación de ingresos millonarios para un grupo selecto a expensas de la salud pública. Este esquema criminal se habría beneficiado de fondos que debían ser utilizados para la compra de insumos médicos esenciales, como sillas de ruedas motorizadas, prótesis y otros dispositivos de alta complejidad, que son vitales para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad.
Ante este panorama, el magistrado ha ordenado la inhibición general de bienes de los implicados y de las empresas relacionadas con el caso. Esta decisión busca evitar que se disponga de activos que podrían ser fundamentales para la recuperación de los recursos malversados. La inhibición se justifica en la necesidad de preservar bienes que pudieran haber sido utilizados como instrumentos delictivos, asegurando así que el Estado pueda recuperar lo que le corresponde.
La ANDIS, a través del Programa Incluir Salud, tenía la responsabilidad de gestionar la atención de personas con discapacidad o enfermedades crónicas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la investigación ha puesto de manifiesto que este programa fue manipulado para facilitar un sistema de pagos irregulares a ciertos proveedores que se beneficiaron de fondos públicos sin cumplir con su compromiso social. La Fiscalía ha argumentado que, en lugar de servir a la comunidad, el programa se transformó en una herramienta para desviar recursos hacia intereses privados.
La dimensión de los hechos investigados resalta la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos destinados a sectores vulnerables. La corrupción en el ámbito de la salud no solo afecta al Estado, sino que tiene un impacto directo en las vidas de miles de personas que dependen de estos servicios. La lucha contra este tipo de delitos se vuelve esencial para restablecer la confianza en las instituciones y garantizar que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y eficaz.
