La investigación judicial en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha tomado un giro significativo al centrarse en la compra y remodelación de un departamento en el barrio de Caballito, Buenos Aires. En este caso, se sospecha de un posible enriquecimiento ilícito relacionado con la adquisición de la propiedad y las obras realizadas en ella. Hasta el momento, el expediente ha incluido fotografías que documentan el estado del inmueble antes y después de las reformas, lo que apunta a esclarecer los gastos involucrados en el proceso de remodelación.
El departamento en cuestión fue adquirido por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes han declarado ante las autoridades que no tuvieron un papel activo en las negociaciones de la compra. En cambio, indicaron que las gestiones fueron realizadas por Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. A pesar de que ambas jubiladas reciben pensiones de aproximadamente $350.000 mensuales, afirmaron tener los recursos necesarios para realizar la compra en conjunto en mayo de 2025, lo que ha levantado dudas sobre la procedencia de esos fondos.
Según los detalles que han surgido en la investigación, el inmueble fue previamente vendido por el futbolista Hugo Morales por un total de u$s200.000. Seis meses después, Adorni adquirió la propiedad por u$s230.000, pagando un adelanto de u$s30.000 y dejando una deuda de u$s200.000 con las vendedoras. Esta diferencia de precios ha despertado el interés del fiscal Gerardo Pollicita, quien está tratando de determinar los motivos detrás de este aumento y, sobre todo, quién fue responsable de financiar las reformas realizadas en el departamento.
La investigación se ha centrado en la calidad y el costo de las remodelaciones llevadas a cabo en el inmueble. Específicamente, se busca entender si las obras justifican la variación de precio en la operación, que se estima en aproximadamente u$s30.000. Las imágenes que se han presentado en el expediente muestran cambios significativos en áreas clave como la cocina, los baños, las habitaciones, los pasillos y el patio, lo que sugiere una mejora considerable en la calidad del departamento.
Uno de los aspectos más relevantes que se está evaluando es la fuente de financiamiento de estas reformas. La justicia intenta determinar si los costos de las obras fueron cubiertos por las jubiladas involucradas, por Adorni mismo o por un tercero. Este aspecto es crucial, ya que podría revelar si efectivamente hubo un aumento patrimonial que no se puede justificar con los ingresos oficialmente declarados por el funcionario. La transformación de la cocina es uno de los elementos destacados en el análisis, ya que se considera una parte fundamental de la remodelación.
La causa por presunto enriquecimiento ilícito se originó a raíz de denuncias que surgieron tras un viaje de Adorni en un avión privado a Punta del Este, así como de supuestas inconsistencias en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. En este contexto, la investigación no solo se limita a la compra y las obras del departamento, sino que también abarca un análisis más amplio de la situación patrimonial del funcionario, lo que podría tener implicaciones significativas para su carrera política.
A medida que avanza la investigación, se espera que se revelen más detalles sobre el origen de los fondos utilizados para la compra y la remodelación del departamento. La atención se centra en la capacidad del fiscal Pollicita para desentrañar la compleja red de relaciones y financiamientos que podrían estar detrás de esta operación inmobiliaria. Los resultados de esta indagatoria no solo impactarán la carrera de Manuel Adorni, sino que también podrían sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en el ámbito político argentino.
