La trágica muerte de Alejandro Zalazar, un anestesiólogo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ha puesto al descubierto un preocupante entramado de robo de medicamentos, consumo de drogas y fiestas clandestinas entre profesionales de la salud. La investigación, que está bajo la dirección del juez Javier Sánchez Sarmiento, ha llevado a la imputación de dos personas: Hernán Boveri, exmédico del Hospital Italiano, y Delfina Lanusse, residente en la misma institución. Este caso no solo ha conmocionado al ámbito médico, sino que también plantea serias interrogantes sobre la ética y la conducta de quienes están a cargo de la salud pública.
El suceso que desencadenó la investigación ocurrió el 20 de febrero, cuando Zalazar fue hallado sin vida en su departamento en Palermo. Se sospecha que su deceso fue causado por una sobredosis de propofol y fentanilo, dos anestésicos potentes que, bajo circunstancias normales, son utilizados exclusivamente en entornos médicos controlados. La denuncia presentada por el Hospital Italiano el 23 de febrero marcó el inicio formal de la investigación, la cual se centra en el faltante de estos anestésicos en la institución y cómo llegaron a estar en posesión del médico fallecido.
Desde el comienzo de la pesquisa, se han llevado a cabo acciones concretas que han arrojado información relevante. El 12 de marzo, la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad realizó tres allanamientos que revelaron la existencia de medicamentos robados, confirmando que los fármacos encontrados en la vivienda de Zalazar pertenecían efectivamente al hospital. Estos hallazgos no solo aumentan la gravedad de la situación, sino que también evidencian un posible esquema de desvío de medicamentos con fines no autorizados.
Paralelamente, ha surgido un nuevo elemento que ha complicado aún más la situación. Un audio de WhatsApp que ha comenzado a circular menciona la existencia de reuniones denominadas "Propo fest", organizadas por un grupo selecto de profesionales de la salud. En estas reuniones, según testimonios, se habrían utilizado fármacos anestésicos con fines recreativos. Esto plantea un dilema ético significativo: ¿cómo es posible que quienes están entrenados para cuidar la salud de los pacientes puedan involucrarse en prácticas tan irresponsables?
Con el avance de la investigación, Boveri y Lanusse han sido convocados a declarar por el fiscal Lucio Herrera y, aunque en un principio están imputados por administración fraudulenta, las pesquisas podrían extenderse a otras posibles infracciones, incluyendo la utilización recreativa de sustancias controladas. La fiscalía también investiga la posibilidad de que se hayan ofrecido "viajes controlados", donde se proporcionaría a los clientes la experiencia de sedación bajo condiciones que podrían resultar peligrosas sin la debida supervisión médica.
En este contexto, el Hospital Italiano ha emitido un comunicado oficial donde confirma que ha tomado medidas ante la situación. La institución no solo ha denunciado el faltante de estupefacientes, sino que también ha decidido apartar a los involucrados y llevar a cabo una revisión exhaustiva de sus procedimientos internos. Este escándalo no solo pone en jaque la reputación del hospital, sino que también abre un debate necesario sobre la regulación y control de los medicamentos en el ámbito sanitario, así como la responsabilidad ética de los profesionales de la salud.
