La Justicia de Chaco continúa su indagación sobre el caso de Lidia Mabel Ojeda, una mujer que se encuentra bajo sospecha por el ejercicio ilegal de la medicina y la usurpación de títulos. A raíz de la llegada de informes provenientes de dos hospitales, las autoridades buscan esclarecer el papel que desempeñó Ojeda en el sistema de salud local. El fiscal encargado de la causa ha manifestado que, desde el inicio de 2023, la acusada habría trabajado en al menos seis hospitales de la provincia, aunque aún se esperan más documentos que complementen esta información.
La investigación se ha intensificado tras la aparición de nuevos indicios que sugieren una conexión entre las actividades de Ojeda y la muerte de varios pacientes. El fiscal Soto ha señalado que se están recibiendo pedidos de informes de diferentes instituciones, destacando la llegada de documentos del hospital de Pampa del Infierno y del hospital de Quitilipi. De esta manera, el equipo de investigación intenta determinar en cuántos nosocomios estuvo activa la imputada y si su actuación podría haber influido en el deterioro de la salud de los pacientes internados.
Soto, al comentar sobre los procedimientos que permitieron a Ojeda ejercer en varios hospitales, ha cuestionado la eficacia de los controles administrativos. "Estamos hablando de al menos cuatro hospitales y deberían existir responsables que verifiquen la documentación de cada médico que ingresa", enfatizó. Este llamado de atención se vuelve crucial en un contexto donde la salud pública se encuentra bajo el escrutinio de la sociedad, y la confianza en los sistemas de salud es fundamental para el bienestar de la población.
Dado el desarrollo de la causa, la situación jurídica de Ojeda podría complicarse si se confirma su implicación en las muertes de pacientes bajo su cuidado. En este sentido, Soto ha advertido que, de demostrarse alguna conexión con estos decesos, ello podría cambiar la carátula de la imputación, elevando la gravedad de los cargos en su contra. Hasta el momento, se ha confirmado que Ojeda estuvo involucrada en los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, aunque la investigación se ha ampliado a otros centros de salud tras el hallazgo de nueva evidencia.
Uno de los casos que ha llamado la atención de la justicia es el de un hombre que falleció poco después de ser atendido por Ojeda, cuyo certificado de defunción presenta inconsistencias. Según los informes, la causa oficial de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio no traumático, aunque el forense indicó que en realidad se debió a una enfermedad subyacente. Este tipo de irregularidades plantea serias preguntas sobre la competencia profesional de Ojeda y la posibilidad de que haya ejercido una influencia perjudicial sobre la salud de sus pacientes.
Finalmente, el fiscal ha confirmado que se prevé el traslado de la imputada de Buenos Aires a Chaco entre este viernes por la noche y el sábado, con el objetivo de que el lunes pueda contar con un abogado que la represente. La detención de Ojeda, de 43 años, en Villa Lynch, ha puesto de relieve las falencias en los mecanismos de control del ejercicio profesional en hospitales públicos, un tema que seguramente seguirá generando debate en la sociedad.
