La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha tomado la decisión de no apelar más las resoluciones judiciales que prohíben la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre los ingresos de jubilados. Esta medida sigue la línea de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia, que ha dejado claro que en ciertos casos de vulnerabilidad, especialmente relacionados con la edad avanzada y la salud, no se deben aplicar estos descuentos. La nueva estrategia de ARCA tiene como objetivo reducir las erogaciones del Fisco Nacional y alinear su actuación con las pautas dictadas por el máximo tribunal.

La formalización de esta resolución fue plasmada en la Instrucción General 4/2026 SDGASJ, firmada el 15 de mayo por Gustavo Heber Paturlannes, quien ocupa el cargo de subdirector general de Asuntos Jurídicos. En este documento, ARCA reconoce la “reiterada jurisprudencia” de la Corte en cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos de la Ley de Impuesto a las Ganancias que afectan a los haberes jubilatorios. Este cambio de enfoque busca una mayor eficiencia en la gestión de los recursos estatales y un respeto a los derechos de los jubilados que se encuentran en situaciones críticas.

La decisión de ARCA se apoya en un fallo relevante de la Corte, conocido como “García, María Isabel c/ AFIP s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, dictado el 26 de marzo de 2019. En este fallo, los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco declararon la inconstitucionalidad de los artículos que permitían gravar los haberes previsionales de la demandante. Este caso fue especialmente significativo, ya que la jubilada que lo inició, con 79 años y problemas de salud, enfrentaba descuentos que rondaban el 30% de su pensión.

El tribunal argumentó que el cobro del tributo debe ser evaluado bajo el principio de igualdad y la especial vulnerabilidad de las personas mayores y enfermas. En este sentido, la Corte instó al Congreso a que establezca un tratamiento diferenciado para los jubilados que se encuentren en estas condiciones, teniendo en cuenta tanto su situación personal como su capacidad para contribuir. Hasta que el Legislativo no avance en esta regulación, el tribunal ha ordenado que no se realicen descuentos sobre las jubilaciones de quienes se encuentren en situaciones similares a la de la demandante y que se devuelvan los montos previamente retenidos.

Con esta nueva orientación, ARCA ha decidido instruir a sus representantes fiscales para que no presenten más recursos extraordinarios contra sentencias que les sean desfavorables. Además, se les ha indicado que deben desistir de cualquier recurso de queja en aquellos casos donde estos planteos sean rechazados. Dicha estrategia se enmarca dentro de un contexto donde la Corte ha rechazado sistemáticamente los recursos del Fisco en causas análogas, lo que evidencia una tendencia que el organismo recaudador no puede ignorar.

La instrucción también establece que en situaciones donde las Cámaras Federales de Apelaciones desestimen repetidamente los recursos de ARCA, los representantes fiscales deben aceptar las decisiones sobre el fondo del asunto. Esta nueva postura refleja un cambio significativo en la política judicial del organismo, buscando así adaptarse a los lineamientos de la Corte y evitando un gasto innecesario en litigios que tienen altas probabilidades de resultar desfavorables. Sin embargo, ARCA ha enfatizado que esta modificación no implica una renuncia a su deber de recaudar impuestos, sino un intento de optimizar su enfoque en la defensa de los intereses del Estado.

De esta manera, la decisión de ARCA representa un avance hacia la protección de los derechos de los jubilados en Argentina, quienes han enfrentado históricamente problemas relacionados con la carga impositiva sobre sus haberes. Este cambio de rumbo también abre la puerta a un posible debate legislativo sobre la necesidad de ajustar la normativa que regula el Impuesto a las Ganancias, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad, lo que podría tener un impacto positivo en la calidad de vida de una parte significativa de la población.

En conclusión, la decisión de ARCA de no apelar más los fallos adversos en relación al Impuesto a las Ganancias sobre jubilaciones es un paso importante hacia el reconocimiento de la vulnerabilidad de este sector de la población. A medida que la Corte Suprema ha dejado en claro su posición sobre este tema, será fundamental que el Congreso actúe para establecer un marco legal que contemple estas particularidades, garantizando así que los derechos de los jubilados sean respetados y que se eviten cargas tributarias injustas en el futuro.