Vox cuestionó al Gobierno Vasco por haber impulsado, según sostuvo, la “imposición” del euskera sin precisar el costo para las arcas públicas. La reacción se produjo después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anulara el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, sobre la Normalización del Uso del Euskera en el sector público vasco, debido a la “insuficiencia de la memoria económica”. La resolución se originó en un recurso presentado por la formación liderada por Santiago Abascal contra esa norma.
En un comunicado, Vox destacó que el TSJPV puso el foco en la falta de precisión del Informe Económico que acompañaba al decreto impugnado. La fuerza política afirmó que esa deficiencia ya había sido señalada por la Oficina de Control Económico y cuestionó que, pese a esa advertencia, el Gobierno Vasco mantuviera su iniciativa.
“Pese a ello, el Gobierno Vasco mantuvo su apuesta por la imposición del euskera sin precisar el coste de dinero público que supondría, algo que hoy ha parado el TSJPV”, sostuvo Vox. La formación celebró la sentencia y consideró que representa “una piedra en el camino” para el Ejecutivo encabezado por Imanol Pradales, al que acusó de anteponer la imposición del euskera a cualquier otra consideración, incluida la determinación del costo de sus pretensiones.
