La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anuló el Decreto 19/2024, de 22 de febrero, sobre la normalización del uso del euskera en el sector público vasco. La decisión se produjo después de que el tribunal estimara el recurso presentado por Vox contra la norma, al considerar insuficiente la memoria económica que debía acompañarla.

La sentencia sostiene que ese documento presenta una “insuficiencia sustancial” y que no cumple con la finalidad de evaluar y fundamentar de manera objetiva y técnica las exigencias y repercusiones económico-financieras de la regulación proyectada. Además, el tribunal señala que la memoria no justifica que el nuevo marco normativo respete los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El TSJPV también recoge que Vox había denunciado la existencia de un vicio procedimental por la ausencia o insuficiencia del estudio económico. Para fundamentar su decisión, la sala tuvo en cuenta el informe elaborado por la Oficina de Control Económico, al que define como un documento técnico emitido por un órgano independiente. Según la sentencia, esa oficina tiene entre sus funciones controlar que, durante la elaboración de disposiciones generales, se incorporen las justificaciones necesarias y se respeten los principios relacionados con sus exigencias y repercusiones económico-financieras.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.